El Gobierno sobre la reelección de Tapia: "Se dio de forma ilegal y será convalidado"
El Gobierno Nacional, a través de la Inspección General de Justicia, cuestiona la reelección de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA. Acusan desobediencia judicial y anticipan graves sanciones legales.
La reelección de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el periodo 2024-2029 ha generado una reacción inmediata y contundente por parte del Gobierno Nacional. Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), aseguró que el proceso realizado durante la Asamblea ordinaria de la AFA fue ilegal, ya que se desobedecieron las disposiciones judiciales vigentes que prohibían tratar ciertos puntos clave.
Entre los temas que no debían someterse a votación se incluía la reelección de Tapia y la modificación del estatuto, que trasladaba la sede de la AFA de Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires. La IGJ envió tres veedores para supervisar la Asamblea en el predio Lionel Messi, pero sus advertencias fueron ignoradas.
Vítolo afirmó que tanto Tapia como el resto de los dirigentes de la AFA podrían enfrentar sanciones legales graves, ya que sus acciones constituyen "desobediencia judicial", delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal. Además, el Gobierno enfatizó que la Justicia podría tomar medidas para invalidar las decisiones de la Asamblea y complicar la continuidad de Tapia como máximo dirigente del fútbol argentino.
El trasfondo político de la situación también es notorio, con el reciente acercamiento de Tapia a figuras políticas como Javier Milei. A medida que avanza este conflicto, el futuro de la AFA y su dirigencia parece cada vez más incierto, y las implicaciones legales podrían sacudir los cimientos del fútbol argentino.
A la Asamblea de AFA fueron como veedores de IGJ el director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, y los inspectores Mara López y Ariel Delgado. Controlaron la legalidad del acto y advirtieron a los asambleístas y las autoridades sobre la vigencia de la resolución de IGJ que dispuso que no puedan tratarse los temas de la reelección ni de cambio de estatuto, que entre otras cosas modificaba el domicilio de la sede principal del fútbol argentino, mudando la jurisprudencia de Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Medios