Inhabilitan y condenan a la enfermera que robaba vacunas y las vendía
La trabajadora de la salud admitió haber sustraído y comercializado vacunas del sistema público. Recibió una condena de dos años de prisión en suspenso y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Una trabajadora de la salud que robó y vendió vacunas en el norte neuquino fue condenada tras aceptar su responsabilidad en un procedimiento abreviado. La sentencia impone una pena de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La investigación y el fallo
Graciela Itatí García, quien se desempeñaba como enfermera en el centro de salud de Taquimilán, fue hallada culpable de sustraer vacunas del hospital en el que trabajaba y venderlas en la localidad de Las Lajas. La fiscalía de Chos Malal llevó adelante la investigación y presentó las pruebas ante el juez Lisandro Borgonovo.
Durante un procedimiento abreviado, el fiscal Víctor Salgado y la defensa de García llegaron a un acuerdo en el que la acusada admitió su responsabilidad en el delito de peculado, según lo establecido en los artículos 261 y 45 del Código Penal.
Hallazgo de pruebas y condena
En un allanamiento realizado en la vivienda de la enfermera, personal policial encontró una gran cantidad de blísters, vacunas, ampollas y otros insumos médicos pertenecientes al hospital.
La condena impuesta incluye:
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Dos años de prisión condicional, por lo que no cumplirá la pena en la cárcel.
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Reglas de conducta, entre ellas no cometer nuevos delitos, presentarse trimestralmente ante el control de población judicializada y fijar domicilio.
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Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Al no contar con antecedentes penales, la pena en modalidad condicional permitió resolver el caso sin necesidad de un juicio oral prolongado.
La investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) determinó que entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2024, la enfermera sustrajo dos dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) del Hospital de Chos Malal. Dichas vacunas estaban destinadas a la inmunización de niños y niñas en el sistema público de salud.
Posteriormente, García vendió las vacunas por $320.000 en la localidad de Las Lajas, utilizando los insumos que le habían sido confiados para su propio beneficio económico.
Intervención policial y judicial
Las irregularidades fueron detectadas a partir de una denuncia presentada por autoridades sanitarias de Chos Malal. La Comisaría 24 inició las primeras investigaciones, que derivaron en la intervención de la fiscalía y el posterior proceso judicial.
Finalmente, el juez homologó el acuerdo entre las partes y dictó la condena, estableciendo que García abusó de su cargo al desviar las vacunas de su destino original para obtener un rédito personal.
Fuente: Medios