Qué judiciales podrían verse afectados por el Impuesto a las Ganancias

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) presentó dos recursos de amparo para evitar que se realicen descuentos por el Impuesto a las Ganancias en los salarios de empleados, funcionarios, y jubilados judiciales, mientras se resuelve el fondo de la cuestión. 

Claudio Salazar, secretario general de Sejun, afirmó que esta medida se basa en la inconstitucionalidad de la ley.

Salazar explicó que uno de los recursos de amparo fue presentado para proteger los salarios de los jubilados judiciales, y el otro para los empleados activos, con ambos casos argumentando la inconstitucionalidad del impuesto. 

El amparo para los jubilados fue ingresado en el Juzgado de Familia 5, mientras que el de los empleados activos se presentó en el Juzgado de Familia 6. Ahora, los expedientes serán revisados por el Fiscal del Estado antes de que un juez o jueza tome una decisión.

Cabe destacar que los recursos de amparo no incluyen a los magistrados, sino que están dirigidos a empleados, jubilados y funcionarios que no están bajo la órbita del Consejo de la Magistratura y que son afiliados de Sejun. Desde 2017, una ley establece que los jueces deben tributar Ganancias, lo que ha generado desigualdades con quienes no están alcanzados por esa norma.

Salazar estimó que aproximadamente 715 personas que trabajan o se han jubilado en la Justicia podrían verse afectadas por el Impuesto a las Ganancias. Este grupo incluye tanto a funcionarios representados por el sindicato como a empleados. En el caso de los jubilados, el sindicato solicita que el Instituto se abstenga de descontar Ganancias hasta que se resuelva el tema de fondo.

Problemas de financiamiento en la Justicia

Además de la problemática del Impuesto a las Ganancias, la Justicia de Neuquén enfrenta desafíos relacionados con la coparticipación federal de impuestos. Desde 2010, los ingresos del 18% que el Poder Judicial recibe por coparticipación no se han actualizado, lo que ha generado una dependencia financiera del Poder Ejecutivo provincial, que actualmente cubre el 60% del presupuesto judicial.

Por otro lado, la falta de actualización del presupuesto ha llevado a la congelación de los ingresos de personal administrativo en la Justicia, a pesar de ser necesarios. 

Sin embargo, Sejun ha logrado que se autorice el ingreso de al menos 10 personas para cubrir servicios y áreas críticas como las oficinas de violencia y defensorías civiles. Salazar señaló que, aunque este es un avance, aún es necesario incorporar más personal en diversas dependencias a lo largo de la provincia, dado el crecimiento del servicio en los últimos años.

Fuente: Medios