Perito revela fallas de exfuncionarios del gobierno en la obra de Aguada San Roque

Gustavo Camarota, un reconocido perito en incendios, reveló durante su testimonio en el juicio por la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque que el trágico incidente podría haberse evitado con los controles adecuados. 

Sus conclusiones, basadas en una exhaustiva revisión de la obra y sus procesos, señalan serias faltas tanto de la empresa contratista como de exfuncionarios del gobierno provincial.

Según Camarota, la explosión fue "un accidente previsible que no debió ocurrir debido a la falta de controles". En su declaración, que se extendió por casi cinco horas, el perito dividió su análisis en dos partes: la primera, centrada en los aspectos técnicos del incendio, la fuga de gas propano y el estado de las cañerías; y la segunda, en las omisiones administrativas que agravaron la situación.

Entre los acusados en la causa por estrago culposo y administración fraudulenta se encuentran Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones SRL, la empresa que realizó la ampliación del colegio, y el arquitecto Diego Bulgheroni. También están imputados el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza; el director provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevila; el director general de esa cartera, Carlos Córdoba; y Sergio Percat, responsable de las inspecciones de la obra.

Faltas en seguridad y supervisión

Camarota fundamentó sus conclusiones señalando graves omisiones en el cumplimiento de las normativas establecidas en el pliego de licitación. "No había un plan de seguridad, no se avisó a la ART sobre el inicio de la obra, y no existía un programa de seguridad ni el libro diario de obra, que son documentos obligatorios", afirmó. 

Además, destacó la falta de inspecciones en la obra de gas antes de cubrir las cañerías, un requisito que, según el artículo 8 del pliego, debía solicitar la empresa subcontratista.

El perito subrayó que el 12 de marzo de 2021, el inspector Sergio Percat emitió un certificado confirmando que la ampliación de aulas estaba finalizada, a pesar de que la obra no cumplía con las normas de seguridad. 

Incluso, mostró un documento fechado el 12 de mayo de ese año, donde se reconocen correcciones a la documentación para concluir formalmente la obra.

Irregularidades en la finalización de la obra

Camarota fue contundente al afirmar que "no se debió emitir ningún certificado de final de obra si ésta no estaba terminada", reflejando la inconsistencia entre las certificaciones oficiales y la realidad en el terreno. 

El experto también señaló que la instalación de artefactos, como los calefactores, y la realización de pruebas de hermeticidad en las cañerías eran requisitos básicos que no se cumplieron.

El análisis de Camarota deja al descubierto una cadena de negligencias que involucra tanto a la empresa contratista como a los funcionarios responsables de la supervisión de la obra, resaltando la falta de planes de seguridad, permisos y seguros, y cuestionando el rol de control del Estado provincial en este trágico suceso.

Fuente: Medios