Una separación terminó con una batalla legal por un auto en Río Negro
Una ruptura amorosa en Sierra Grande escaló a los tribunales: una mujer denunció a su ex pareja por negarse a devolverle el vehículo que compartían y él respondió con una contradenuncia. La Justicia ya intervino y ordenó medidas.
La separación de una pareja de Sierra Grande, en Río Negro, derivó en una disputa legal por el auto que compartían. El conflicto escaló cuando el hombre decidió presentar una denuncia por "violencia psicológica y emocional" ante la Comisaría de la Familia.
La denuncia fue realizada el 25 de marzo y, tras ser comunicada a la jueza de Paz, Carola Suárez, se dictaron medidas preventivas en el marco de la Ley 4241 de violencia familiar.
El jueves siguiente, el denunciante fue citado a una audiencia privada, donde ratificó sus acusaciones. Ese mismo día, también fue convocada su ex pareja, quien aseguró que la relación había terminado hacía unos 10 días y que la denuncia surgió porque el hombre "no quiere que venda el auto".
La joven también solicitó que su expareja "no se presente más" en su domicilio.
Ante este panorama, la jueza resolvió aplicar las disposiciones previstas en la Ley 4241, que la habilita a adoptar medidas preventivas con el objetivo de resguardar a las víctimas de maltrato y poner fin a situaciones de conflicto o potencial riesgo.
El fin es evitar la repetición de cualquier acto de agresión, perturbación o intimidación.
Qué resolvió la Justicia
En este contexto, la jueza Suárez resolvió dictar una serie de restricciones para ambas partes, prohibiéndoles ejercer cualquier tipo de violencia -física, económica, psicológica o emocional-, así como también evitar actos de hostigamiento, molestias o perturbaciones, ya sea de manera directa o a través de familiares o amigos.
La medida incluye además la prohibición de comunicarse por teléfono o realizar publicaciones en redes sociales vinculadas al conflicto que los enfrenta.
En el caso del hombre, también se le impidió acercarse al domicilio de la mujer y a cualquier otro lugar, público o privado, donde ella se encuentre, estableciendo una distancia mínima de 200 metros.
A su vez, la jueza le indicó a la mujer que deberá tomar las precauciones necesarias para proteger su integridad psicofísica, y que deberá denunciar ante la Policía cualquier incumplimiento de las medidas.
En ese sentido, se recordó que la fuerza de seguridad está facultada para proceder al arresto inmediato y sin orden judicial si detecta una violación flagrante de las restricciones impuestas.
Las medidas preventivas tendrán vigencia por un plazo de 90 días. Ambas partes fueron advertidas de que, en caso de incumplimiento, se exponen a sanciones que van desde multas equivalentes a 1 a 10 salarios mínimos vitales y móviles, hasta arresto o trabajos comunitarios, además de la posible intervención de la Justicia Penal por desobediencia judicial.
Por último, la jueza Suárez notificó que el expediente será remitido al Juzgado de Familia N° 9 de San Antonio Oeste, donde las partes podrán presentarse con representación legal particular o solicitar la asistencia de la defensa pública.
En ese ámbito se analizará en profundidad el conflicto por el vehículo y cualquier otro reclamo derivado de la separación.
Fuente: Medios
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