Argentina enfrenta un millonario embargo por una deuda histórica con Estados Unidos
La medida afecta activos del país depositados en cuentas internacionales, lo que representa un nuevo revés en los esfuerzos por resolver los conflictos por la deuda externa.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación presentada por Argentina a fines de diciembre en el juicio por la deuda soberana, que derivó en el default posterior a la crisis de 2001. Con esta decisión, se habilita el embargo de activos por un valor estimado de 310 millones de dólares.
Estos activos están vinculados a los bonos Brady emitidos en los años 90 y vencidos en marzo de 2023 y están depositados como garantía en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York, Alemania y Suiza. El dinero irá a parar a inversionistas que compraron bonos basura a acreedores que no entraron en los canjes de deuda que Argentina hizo en 2005, 2010 y 2016.
Esta es la segunda derrota de Argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos en los últimos tres meses. En octubre, el Reino Unido también falló en contra del país en el caso del Cupón PBI.
Los abogados que representan a Argentina están intentando que la Corte de EE.UU. impida que los acreedores, fondos de inversión que no cobraron sus títulos durante la crisis, embarguen los activos soberanos. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso, el Gobierno podría continuar evitando el pago.
Sobre el conflicto
Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master adquirieron deuda argentina en default desde 2001, comprada a tenedores que nunca aceptaron ninguno de los tres canjes propuestos por el país en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).
Se estima que los holdouts, también conocidos como fondos buitre, representan menos del 3% de los tenedores originales de deuda argentina en default, quienes demandaron al Estado argentino.
Los fondos que buscan embargar los activos están vinculados a títulos que fueron entregados como garantía de pago de los bonos Brady emitidos en los años 90, cuando Argentina refinanció su deuda con la ayuda del entonces secretario del Tesoro de EE.UU., Nicholas Brady.
Estos bonos, que en 2005 ya habían sido embargados cuando Argentina lanzó el canje de deuda, fueron liberados en 2010 y 2016 tras la reestructuración. Sin embargo, los holdouts, que nunca aceptaron los canjes, reactivaron sus demandas en junio de 2021 para acceder a los activos que Argentina tenía como garantía en la Reserva Federal de Nueva York.
El fallo que perjudica a la Argentina
En agosto de 2022, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el embargo de activos argentinos, decisión que fue confirmada tanto por la jueza Debra Ann Livingston de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito como por la Corte Suprema la semana pasada, tras la apelación presentada por Nación.
La defensa argumentó que los títulos sobrantes, que quedaron después de la finalización del pago de los bonos Brady en marzo de 2023, pertenecían al Banco Central y no al Estado, por lo que no estaban disponibles para saldar la deuda. Además, sostuvo que se trataba de una garantía inmune a embargos según la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones desestimó el argumento, señalando que los derechos de reversión asociados a esos activos pertenecen a la Argentina y no al Banco Central. Además, destacó que el país ya había utilizado esos derechos en actividades comerciales, por lo que no podían considerarse inmunes a embargos.
Fuente: Medios