Investigan negociaciones incompatibles en Neuquén: exfuncionario de Gaido acusado por la compra de macetas con una cooperativa

El fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió acusar hoy por negociaciones incompatibles con la función pública al exsubsecretario de Espacios Verdes de la municipalidad de Neuquén, Fabián Heuberger, quien habría sido responsable de contrataciones por más de 150 millones de pesos con la Cooperativa Trabajando Juntos Ltda. (Cotrajun), de la que formó parte. El funcionario ejerció el cargo hasta el 16 de julio del año pasado, cuando presentó su renuncia al intendente Mariano Gaido por «cuestiones personales».

Esta mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos en la Ciudad Judicial, de la que también participó el abogado Ricardo Mendaña en representación del querellante Juan Peláez, autor de la denuncia.

Según la acusación fiscal, Heuberger en su rol de funcionario «se interesó» en una serie de contrataciones para beneficiar a una cooperativa que fundó y de la cual fue tesorero y sigue siendo socio.

Expuso que la primera contratación se realizó en marzo del 2020, en el contexto de la pandemia, y tuvo como propósito el mantenimiento de 51,36 hectáreas de espacios verdes por 9,7 millones de pesos durante dos meses. Ese mismo contrato volvió a prorrogarse en varias oportunidades hasta mayo del 2021, ya con un costo de 12 millones para 60 hectáreas de parques.

Vignaroli distinguió que, en abril del año pasado, ocurrió otra contratación, pero con la simulación de una competencia de precios entre Cotrajun y dos empresas también ligadas a sus integrantes: Marfa SRL y Mapala SRL. Ese contrato volvió a ganarlo la cooperativa, por una duración de ocho meses y un monto de 82,7 millones de pesos.

Tres partícipes necesarios

La acusación del fiscal Vignaroli señaló como partícipe necesaria del delito a la pareja de Heuberger, María de los Ángeles Salgado, quien lo reemplazó en la tesorería de la cooperativa cuando asumió el cargo de subsecretario. También pidió imputar con la misma figura a Brian Marino, presidente de Cotrajun, y al secretario de la misma, Brian Miranda.

Tanto Salgado como Marino figuran en diversos registros como socios de las firmas Mapala y Marfa, las cuales fueron señaladas por la parte acusadora como empresas que «simulaban» competencia en las compulsas de precios de las que participaba Cotrajun.

Con Marino, un militante reconocido del Movimiento Popular Neuquino y mano derecha del concejal Claudio Domínguez, se presentaron dudas sobre si también era funcionario municipal. Si bien se presentaba públicamente como coordinador de Espacios Verdes, su abogado defensor Juan Coto presentó notas enviadas por el municipio en las que se aseguró que nunca fue empleado. 

Dentro de la denuncia, el fiscal Vignaroli también incluyó la contratación directa realizada por Heuberger para la compra de 20 mesas de ping pong en diciembre de 2019, por un monto que ascendió a 622.000 pesos.

Como cuarto hecho por el cual lo acusó, añadió el interés que mostró el funcionario en la contratación de Cotrajun para la provisión de 600 macetas que se distribuyeron en la ciudad. La cooperativa fue la única oferente en una licitación privada que finalmente se adjudicó por un monto de 1,8 millones de pesos.

El quinto hecho está vinculado a una compra similar, esta vez por 700 maceteros, por cuya compra en licitación privada se invirtieron 2,1 millones de pesos.

El abogado querellante Ricardo Mendaña adhirió a casi todos los planteos de la fiscalía, aunque dividió los hechos en seis, en lugar de cinco, y describió el monto total de las operaciones por más de 150 millones de pesos, «un millón y medio de dólares al tipo de cambio oficial del momento».

Dijo que Heuberger «estaba en todos los lugares de la cancha», ya que como funcionario planteaba la necesidad de las compras o contrataciones a Cotrajun y era, también, quien se encargaba de garantizar que se cumplieran.

A diferencia del fiscal, Mendaña pidió acusar al exfuncionario como autor de negociaciones incompatibles por seis hechos y a Brian Marino como partícipe necesario de las mismas. Con los restantes dos acusados coincidió en la formulación de cargos presentada.

El juez Cristian Piana resolverá en los próximos días si hace lugar a los planteos formulados. Ni la fiscalía ni la querella solicitaron medidas de coerción como la prisión preventiva.

Si se confirma la formulación de cargos, habrá un plazo de tres meses de investigación. Según expusieron en la audiencia, está en curso una pericia contable para determinar si, además de un beneficio personal, también existió un perjuicio a la administración pública. En tal caso podría cambiar la calificación penal.

Fuente Andrea Durán, rionegro.com.ar