Se complica la situación del MPN vinculado a las estafas con planes sociales

El gobernador Omar Gutiérrez acusó el golpe de la millonaria estafa con los planes sociales, que tiene en la mira al BPN y al ministerio de Desarrollo Social. El mandatario suele mostrar mayor destreza política cuando el impacto llega desde la oposición, pero le cuesta digerir el fuego amigo. El descubrimiento de lo que podría ser una caja política de 123 millones de pesos lo obligó a exponerse para que las esquirlas no alcancen el proceso electoral en marcha.

Primero llevó, sin previo aviso, al ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, a una inauguración junto al intendente Mariano Gaido para que exponga la versión oficial de su cartera y cómo cortó los contratos políticos de las seis personas investigadas por la maniobra (por las dudas no hubo foto con Gutiérrez y mucho menos con Gaido).

Pero la reacción de Gutiérrez fue en respuesta a las declaraciones del petrolero Guillermo Pereyra, quien pidió la renuncia de Di Luca. Dos días después reflejó en sus redes sociales una reunión con su “compañero y amigo” en el sindicato de Petroleros Privados. Y en las horas siguientes, pero ya como autoayuda, subió fotos con Jorge Sapag y Gaido.

Más allá de los gestos decorativos, que parecen anticipar un tormenta, en los hechos el pulso lo tiene el Poder Judicial. El fiscal a cargo, Pablo Vignaroli, no suele impresionar con su diligencia en los temas que salpican al partido gobernante y esta vez no parece ser la excepción. No solo se informó a cuentagotas sino que los datos que consigue el Ministerio Público Fiscal de Neuquén viajan a la misma velocidad.

Quizá Vignaroli se relajó por la comodidad de trabajar sin su jefe, José Geréz, en las espaldas, quien aprovechó los últimos días para visitar amigos y asistir a un concierto del cantante Ricardo Arjona.

La Legislatura puso otro empeño y los diputados de Juntos Por el Cambio pidieron que se vote un pedido de informe a Di Luca. Sin embargo, la mayoría de los legisladores del Frente de Todos votaron con el MPN argumentando que se debe dejar actuar a la Justicia. Las interpretaciones que se escucharon apuntaban al efecto Causa Vialidad y la idea de desalentar la judialización de las diferencias políticas.

Otra interpretación fue el desembarco de Darío Martínez de buena relación con Sapag. El extitular de Energía seguirá en la provincia porque, por ahora, no consigue el cargo en YPF que públicamente le prometió Sergio Massa.

El ilícito investigado tiene una doble condición miserable: porque involucra dinero para familias que necesitan ayuda social y por la impunidad de la maniobra.

Aun el fiscal Vignaroli no puede determinar si se trata de dinero de planes provinciales o nacionales, sin embargo, se sabe que la asistencia nacional se cursa por el Banco Nación. Un sitio local de noticias publicó una auditoría interna del BPN, que dirige Miguel Visentin, donde asegura que el banco estaba al tanto de lo que ocurría desde 2021 y que incluso separó a empleados que estarían vinculados con la maniobra. La fiscalía no tenía esa información, pero la solicitó.

Recién esta semana pudo confirmar que 60 de los casi 200 damnificados ratificaron que les retenían las tarjetas para el retiro de efectivo y que luego recibían solo una parte. Las maniobras, que acumulan 123 millones de pesos, ocurrían desde 2020 y salieron a la luz por un beneficiario que hizo la denuncia al no cobrar durante dos meses.

Algunos de los consultados aseguran que las restricciones en la Pandemia fueron un caldo de cultivo que tentó a los atrevidos. Eso serviría para abonar la esperanza que abriga el gobierno sobre los seis empleados díscolos -del mismo ministerio al que también pertenecía el tirador de ATE Pedro Jofré-. Pero el bajo interés demostrado en que la investigación tenga celeridad, colisiona con esas expectativas.

¿Quién tiene o en qué se gastaron los 123 millones retirados del BPN por cajero? ¿Se podrán recuperar? ¿Las campañas electorales del 2021 se habrán alimentado de esos fondos? Son parte de las preguntas sin respuesta, como también las que hablan de los controles que fallan en la provincia como se ve en el BPN y cómo ocurrió, por ejemplo, en el ISSN.

Fuente: Federico Aringoli, rionegro.com.ar