Ricardo Soiza, director de Planes Sociales vinculado con la estafa del banco BPN

Este miércoles, la vivienda de Ricardo Soiza, director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, fue allanada por pedido de la fiscalía de Delitos Económicos que investiga la estafa con tarjetas de débito de planes sociales del Banco Provincia de Neuquén. 

Según informaron fuentes judiciales, durante el procedimiento que se está realizando desde primeras horas en Neuquén y Centenario, el funcionario se encuentra demorado y detenido, pero en las próximas horas recuperará la libertad.

En el caso, hay otras ocho personas demoradas, entre hombres y mujeres, empleados del ministerio, que serían los autores de las extracciones de dinero de las cuentas bancarias. Aún no hay fecha para la audiencia de formulación de cargos.

Soiza se estaba alistando para salir al trabajo cuando personal de Delitos Económicos se presentó en la puerta de su casa, en calle San Martín 4886, y lo notificó de la orden que tenían para allanar su vivienda y llevarlo demorado en el marco de la causa por presunta estafa con planes sociales.

Por pedido del fiscal del caso, Marcelo Silva y con la colaboración de personal de la policía provincial, desde las 7 de la mañana se realizan 11 allanamientos simultáneos. Todos fueron autorizados por un juez de garantías y se desarrollaron en el marco de la investigación por supuesto cobro indebido de planes sociales por parte de personas que no son beneficiarias de los mismos.

Según información oficial de la fiscalía, las diligencias se enmarcan una causa por defraudación contra la administración pública y/o peculado, que lleva adelante la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Los allanamientos se desarrollan en 10 viviendas particulares y una dependencia estatal (dirección provincial de Planes Sociales), ubicadas en Neuquén capital y en Centenario.

El personal a cargo de los procedimientos tiene la orden de buscar y secuestrar teléfonos, computadoras (de escritorio y portátiles), documentación que tenga relación con el hecho y siete vehículos, además de cualquier elemento que se considere de interés en el marco de la investigación.

Respecto al caso, Guillermo Pereyra, ex senador y dirigente petrolero, señaló al concejal Claudio Domínguez como la persona responsable de esta millonaria estafa. 

El líder de Petroleros, Pereyra realizó fuertes declaraciones a Radio Nacional de Neuquén, e involucró a Domínguez en la estafa de Desarrollo Social. “Acá ha habido una operación donde seguramente hay muchos involucrados. Estamos preocupados por la demora en la investigación. Una estafa a los que más necesitan. Se han esforzado el gobierno Nacional y Provincial para llegar con algún tipo de ayuda social y aparecen estos atorrantes, sinvergüenzas, que de la mano de algún político, tienen que estar. Se sospecha que es Claudio Domínguez el que está al frente de esto. Creo que es así", aseveró. 

"Hay una filmación cuando Claudio estaba de campaña. Un colectivito azul que bajan en un cajero del banco. Bajan cuatro o cinco promotoras de ese colectivito azul que usaban para la campaña directamente al cajero. Acá hay responsables directos que no hablan y se han escondido”, detalló.

Por estas declaraciones, el fiscal invitó al dirigente del MPN a la fiscalía para que amplíe la información que tiene para acusar a Claudio Domínguez de ser uno de los responsables políticos de la maniobra de estafa.

Cómo comenzó la investigación

La investigación sobre la estafa se inició por una denuncia de una persona a la que le faltó dinero en su cuenta, pero hay casi 200 damnificadas. El monto de la estafa se calcula en más de $120 millones. Se trata del uso de tarjetas de planes sociales, que se cobraban en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), y que el dinero no llegaba a sus beneficiarios.

Esta denuncia alertó por una maniobra en la que personas que, no cobran planes sociales, utilizaban las tarjetas de los beneficiarios para retirar el dinero de los cajeros automáticos.

En el marco de esta misma investigación ya se habían realizado dos allanamientos. Fueron el 18 de agosto, en las oficinas del ministerio de Desarrollo Social y en las de la dirección provincial de Planes Sociales, donde se obtuvo información relacionada con 193 casos en investigación.

El fiscal jefe Vignaroli detalló, en ese momento, que las extracciones comenzaron en 2020 y que continuaron hasta julio de 2022, por un monto total de $123 millones. Dentro de ese mismo período, durante el primer semestre de este año, se identificó a un grupo de personas que operó con esta modalidad, y que en ese caso las extracciones alcanzaron los $57 millones.