Macri imputado por el armado de un supuesto plan de espionaje ilegal
El fiscal federal Franco Picardi presentó un dictamen en el que aseguró que está confirmada la participación del expresidente en el caso y pidió avanzar con la investigación.
El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un "plan sistemático" de espionaje ilegal durante su gobierno. Entre las víctimas espiadas hay personas en las que él tenía interés personal como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana Florencia Macri.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que a su criterio está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados, por lo que postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.
Picardi elevó a juicio oral y público el caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
"Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas, integran un conjunto de muchas otras causas criminales, varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad, cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas" por agentes de la AFI entre 2016 y 2019", sostuvo el fiscal.
"Lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la Agencia, en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por ley 25.520, con puntos de contacto que se refieren a las víctimas u objetivos de dichas acciones de inteligencia ilegal", señaló Picardi.
En otro párrafo, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que esos "extremos podrían ser demostrativos del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal".
Más argumentos del fiscal
"Dichas circunstancias imponen profundizar las investigaciones desarrolladas hasta aquí en la dirección apuntada, mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI", agregó el fiscal antes de reclamar que se extrajeran testimonios para evaluar la posible participación de otras personas.
En una presentación aparte, en la que se refirió específicamente a esta pretendida "extracción de testimonios", el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos "se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri".
También requirió indagar sobre el rol de las "personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal".
En ese contexto, señaló casos de supuesto espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a Cristina Fernández de Kirchner, a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.
Por otra parte, al referirse al pedido de elevar a juicio la causa por el espionaje al domicilio de la Vicepresidenta y al edificio del Instituto Patria -sede política del kirchnerismo-, el fiscal sostuvo que ya no quedan pendientes medidas de prueba en relación a Arribas, Majdalani, al jefe de Operaciones Especiales de la Dirección Operacional de Contrainteligencia Alan Ruiz, y al titular de esa dirección, Martín Coste.
"Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo", relató en esa causa un testigo de identidad reservada, según consta en el dictamen.
Esas maniobras intentaron ser justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero, y ante la justicia después, como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco del la cumbre internacional de G20, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días.
Arribas y Majdalani, que están procesados por supuesto espionaje ilegal, falsedad ideológica y por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida. Al mismo tiempo, se los acusa de que "crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz", sostuvo el fiscal, y por último aseveró que los exjefes de la AFI tenían una relación "directa y sin intermediarios" con ese funcionario, por lo que "no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI".
Finalmente, Picardi reseño que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de "opacidad" a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.
Fuente: Télam