Estafa con planes sociales: este martes la fiscalía acusa a 20 personas
Les imputará el delito de asociación ilícita y defraudación mediante el uso de tarjetas de débito. Se supone que, además, acusará por defraudación a la administración pública. La investigación no logró determinar quién es el cabecilla de la banda.
Hace 89 días, la fiscalía de Delitos Económicos realizó 11 allanamientos simultáneos en viviendas de funcionarios, empleados políticos, punteros y la dirección de Planes Sociales. Fue el punto de partida oficial de la investigación de la millonaria estafa con planes sociales, cuya cantidad de damnificados y monto total es imposible de calcular. Hoy, el fiscal jefe Pablo Vignaroli acusará por esas maniobras a 20 personas. Ninguno pertenece ya a la planta del estado ni es funcionario público.
La audiencia de formulación de cargos comenzará este martes a las 8:30 y será en la sala 12 de la Ciudad Judicial. A casi todos los imputados, entre ellos el exdirector de Planes Sociales y actual convencional del MPN, Ricardo Soiza, los defiende el abogado particular Alfredo Cury. Uno solo será asistido por la defensa pública.
Vignaroli adelantó en una conferencia de prensa que uno de los cargos que imputará será el de asociación ilícita, aunque no tiene identificado a un jefe.
Se pudo saber que también acusará por defraudación mediante el uso de tarjeta de débito, obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, y por fraude en perjuicio de la administración pública.
No pudo saberse cómo responderá el defensor Cury, a quien se le adjudican contactos políticos con Claudio Domínguez. El concejal del MPN fue objeto de una confusa denuncia por parte del histórico líder petrolero Guillermo Pereyra, quien sugirió a través de los medios que está involucrado en la maniobra.
Domínguez se presentó a declarar en la fiscalía, pero Pereyra no. Tampoco aportó el video en el que supuestamente se observa un minibus ploteado de azul (el color de la lista del concejal) del cual descienden personas en un cajero automático del Banco Provincia de Neuquén.
Se espera que durante la audiencia de este martes, el fiscal jefe Vignaroli aporte datos concretos sobre la cantidad de damnificados y el monto de dinero defraudado. Se especula que es de cientos de millones de pesos, y que fue destinado a financiar campañas políticas.
El gobernador Omar Gutiérrez surfeó el escándalo sin hacer declaraciones públicas. Ofició de escudo ante los medios el líder Jorge Sapag. En el camino, tuvo que resignar al ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, quien hasta ahora no fue imputado en la maniobra.
Una investigación reveló que el exministro estaba al tanto de quiénes recibían los subsidios y por qué monto, algo que él negó en una entrevista periodística.
Fuente: Medios
