Estafa con planes sociales: paso a paso de una causa que complica al gobierno provincial

La causa judicial sobre la estafa con planes sociales avanza y complica cada vez más al gobierno provincial de Omar Gutiérrez. Este martes una veintena de exfuncionarios y exempleados quedaron imputados, entre ellos y quien estaría al frente del ilícito que en seis meses se llevó al menos unos 63 millones de pesos del Estado neuquino, es el exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, Ricardo Soiza.

A Soiza se lo imputa como jefe de una asociación ilícita que se dedicó a estafar a la administración pública entre enero y julio de este año. La estafa se cometió, según investiga la jueza Estefanía Saulí, mediante 4.335 extracciones con tarjetas de débito de cuentas con dinero que les correspondía a desocupados que recibían un subsidio, entre otros métodos.

El ex jefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna, también está implicado en la causa, ya que en sus cuentas bancarias los últimos dos años depositaron 25 millones y 21 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen. Sus ingresos anuales por el sueldo superan apenas el millón de pesos, y ejerce además como gasista, algo que deberá explicar a la justicia tras su imputación.

Con igual nivel de responsabilidad quedó involucrado Néstor Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social. Otras 17 personas, muchas de ellas exempleadas de ese organismo, también fueron imputadas como parte de la asociación ilícita. Además, se les atribuyó fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito “obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño”.

Inhibiciones y embargos

La jueza Saulí tuvo por formulados los cargos, y también aceptó la inhibición y embargo de bienes y cuentas bancarias que propuso la fiscalía, salvo las cuentas sueldo. Nadie quedó detenido.

A medios locales, el defensor particular Alfredo Cury, quien asiste a la mayoría de los acusados, afirmó por su parte que Soiza “no tenía facultades para designar beneficiarios de planes sociales ni distribuir dinero; eso lo hacía el ministro. Es una cuestión normativa, además de que la fiscalía no tiene ninguna prueba”.

Durante la audiencia, que se extendió este martes desde las 9 hasta las 16, el fiscal Vignaroli invocó la resolución 29/18 del 19 de febrero del 2018 que creó el subsidio provincial para la desocupación laboral y delegó en la dirección de Planes Sociales la facultad de gestionar y controlar los pagos.

Cómo habría actuado la banda 

De acuerdo a la acusación, la banda que habría estafado con planes sociales por un monto millonario y en tan poco tiempo -menos de seis meses- tenía bien diferenciados sus roles: los reclutadores eran referentes barriales que detectaban personas vulnerables que podían calificar para un subsidio; los ejecutores aprobaban los listados y emitían las órdenes para que les acrediten los fondos, y los extractores iban a los cajeros automáticos del Banco de la Provincia de Neuquén con las tarjetas de débito de los beneficiarios y hacían los retiros.

A los titulares de las cuentas les depositaban 49.000 pesos, pero los extractores les entregaban entre 3.000 y 10.000. Qué hacían con el resto del dinero aún se ignora, aunque la sospecha es que lo aportaban para financiar campañas políticas.

Había otra forma de defraudación, según el fiscal jefe de Delitos Económicos Pablo Vignaroli. Puso como ejemplo que el 28 de enero del 2022 se aprobó el pago de subsidios a 3.681 beneficiarios; y Soiza firmó la autorización recién el 25 de febrero siguiente, y para 4.863 personas.

“Queda claro: se enviaba un correo a Tesorería con el verdadero monto a acreditar, y Soiza hacía figurar a más beneficiarios con menores montos”, indicó el fiscal de la causa. “A través de esta maniobra, y las extracciones con tarjetas ajenas, la asociación ilícita se quedó con 63.445.200 pesos”.

Acusó a Soiza, Osuna y Sanz de 4.335 estafas cometidas mediante extracciones ráfaga. Llaman así a las extracciones por cajero con varias tarjetas ajenas, que quedaron registradas en las cámaras de vigilancia.