Estafa con planes sociales: el vínculo de los imputados con una colectora de Marcos Koopmann y Mariano Gaido

El caso de la estafa a los beneficiarios de planes sociales en la provincia parece un cuento de nunca acabar, y a medida que pasan los meses, la investigación encuentra más involucrados. En este caso puntual, se sumaron algunos integrantes de una de las colectoras de Marcos Koopmann.

Dos de los acusados de integrar una asociación ilícita, por su presunta participación en la estafa con planes sociales en Neuquén, fueron candidatos a concejales en una lista colectora de Mariano Gaido, el intendente de la capital por el Movimiento Popular Neuquino. El abogado que los defiende es el apoderado de esa lista.

El partido es Más por Neuquén cuyo referente máximo, Ricardo Soiza, que fue señalado por la fiscalía de Delitos Económicos como jefe de la asociación ilícita que se quedó con al menos 63 millones de pesos entre enero y julio de este año, aunque la cifra total es difícil de calcular.

El primer candidato a concejal fue su hijo, Nicolás Alejandro Soiza. Antes ocupó el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente Nuevo Neuquén en el 2019, detrás de Fernando Gallia y Carina Riccomini. Solo resultaron electos los dos primeros, quienes se dividieron en bloques unipersonales en la Legislatura.

Riccomini es esposa de Brian Marino, un dirigente barrial de fuerte vínculo con el concejal Claudio Domínguez y Nicolás Soiza, hijo de Ricardo, apoya la campaña de Claudio Domínguez.

Como cuarto suplente en la lista de concejales figuró Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con la acusación del fiscal Pablo Vignaroli, registra “acreditaciones bancarias en el año 2021 por 35.811.475 pesos, y en 2022 por 25.362.524 pesos. Sus ingresos anuales declarados, en 2021, fueron por 1.360.000 pesos y en 2022 por 1.089.510 pesos”.

Como séptima suplente ubicaron a Valeria Noemí Honorio, quien según la fiscalía era empleada del Ministerio y en la organización ocupaba el rol de “extractora”, es decir, era una de las personas encargadas de ir a los cajeros automáticos del BPN con tarjetas de débito de beneficiarios a realizar retiros de sus cuentas.

Capital político

La lista no logró colocar un concejal, pero obtuvo la interesante suma de 4.196 votos. Ricardo Soiza puede decir que esa es la base de su capital político. Ocupa un puesto en la Convención del Movimiento Popular Neuquino, que preside Jorge Sapag con la vicepresidencia de Ana Pechen, candidata a vicegobernadora.

La buena relación de Soiza con el concejal y postulante a diputado Claudio Domínguez permite especular sobre quién puede adjudicarse ese capital político. El tercer factor es el abogado Alfredo Cury, quien asiste a la mayoría de los imputados (entre ellos, Soiza y Osuna).

Domínguez negó mantener una relación de amistad con Cury. Recordó que fue su asesor en la Legislatura pero que lo echó en el 2013 por un episodio de violencia de género y, desde entonces, cortaron buena parte del vínculo.

Cury, quien además se desempeñó como asesor en los municipios de Senillosa y Villa Traful, tiene un puesto en el ministerio de Desarrollo Social. También es apoderado del partido de Soiza.

Ni reuniones ni filtraciones

En tanto, fuentes de la fiscalía desmintieron que Domínguez haya sostenido reuniones con el fiscal general José Gerez, como indican algunas versiones. “Vino a declarar cuando se lo citó en el marco de la causa y nada más”, fue la palabra oficial.

Por la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal general tiene prohibido intervenir “en los casos que se investiguen delitos contra la Administración Pública”.

La otra versión que desmintió la fiscalía, y que circula con mucha insistencia, es que hubo una filtración antes de los allanamientos del 1 de septiembre, en el cual secuestraron los famosos 51 dispositivos (computadoras y teléfonos) de los que siempre habla el fiscal Vignaroli.

Hasta ahora no ha trascendido si en esos equipos había información o si fue borrada, total o parcialmente, en todos o en algunos. Vignaroli dijo que la policía está trabajando en abrirlos para recuperar la información y analizarla.

El mismo fiscal fue el que dijo que no le constaba que los imputados tuvieran relación con el Movimiento Popular Neuquino. También descartó la teoría de que se trate de una banda organizada dentro del Ministerio para quedarse con fondos del Estado y destinarlos a financiar actividades partidarias. Y agregó que no tiene elementos para buscar responsables por encima de Soiza.

El plazo de investigación que le otorgó la jueza Estefanía Saulí es de un año. Cuando se cumpla, estará a punto de asumir el nuevo gobernador.

Fuente: Medios