Amenazas, extorsión y celulares clandestinos: tensión en la cárcel U11 de Neuquén

Este lunes se conoció el caso de una mujer que sufrió extorsión por parte de presos de la U11 que supuestamente tenían las llaves de la celda donde estaba alojado su novio y le pedían dinero a cambio de no hacerle daño. A raíz de la preocupación generalizada, el jefe de la unidad explicó qué fue lo que pasó.

La denuncia fue radicada en Fiscalía por la mujer que demostró que al llamar al departamento de detención y alertar sobre la situación de riesgo, una secretaria le aseguró que su pareja se encontraba bien. No obstante, el comisario Alejandro Rodríguez confirmó este martes: "efectivamente, este hecho lamentable sucedió".

En este sentido, indicó que se trató de una "estafa y engaño" porque "algunos internos quieren manipular la situación con familiares, ha llegado a otros internos e intentan sacar algún rédito económico o personal". Y agregó que "hechos de esta magnitud o con esta metodología no son recurrentes".

¿Qué medidas tomaron con el preso de la U11 amenazado?

La denuncia de la pareja del preso quedó a cargo del fiscal del caso Diego Azcárate, quien desde la unidad fiscal de Asignación de Casos inició una investigación para determinar lo ocurrido en torno a la supuesta extorsión por parte de internos de la Unidad de Detención 11 de Neuquén.

Como primera medida, Azcárate remitió un oficio para que desde el penal se informe sobre la situación de los detenidos involucrados y si se inició una averiguación interna para determinar responsabilidades y participaciones.

En tanto, de acuerdo a lo indicado por Rodríguez, en el transcurso del domingo tomaron conocimiento de esta situación irregular que había entre la población privada de la libertad dentro del sistema carcelario de la U11 a través del llamado de la pareja del interno amenazado.

El jefe de la unidad aseveró que se tomaron algunas medidas preventivas: "sobre todo para el resguardo físico de la persona, que es víctima de esta situación, no voy a mencionar quién es para resguardar la integridad física y psicosocial del interno dentro del sistema carcelario".

En este sentido, informó que dentro del abordaje de la problemática dialogaron con él y confirmó "está bien, está tranquilo, fueron solamente unas amenazas verbales, algunos dichos verbales, no fue herido físicamente". Además, detalló que le consultaron si quería radicar la denuncia judicial para acercarlo al cuerpo penal, pero la víctima les manifestó que prefería no hacerlo.

¿Presos con acceso a celulares y llaves en la U11?

El caso tomó relevancia porque en la conversación que mantuvieron desde la U11 con la novia del interno, le decían que tenían acceso a la celda donde estaba alojado en el pabellón 6, y podrían entrar a cortarle la cara. Cabe recordar que la frase exacta que usaron en el audio fue: "tengo tratos con la gorra, corta".

En la serie de mensajes que enviaron los reos le exigían a la mujer que deposite 100 mil pesos en una billetera virtual. Al comunicarle que no tenía plata ni crédito para llamar, los próximos mensajes siguieron en tono amenazante: "si no mandas plata le voy a cortar la cara". Ante la insistencia, la mujer le respondió que había conseguido reunir 50 mil pesos, entonces le enviaron un alias y amenazaron "mandame la plata porque le sigo pegando puñetazo". No solo eso, sino que después le pidió un "fierro" y siguieron apurando el envío del dinero.

Al respecto, el jefe de la U11 informó que a pesar de que todavía no hay denuncia formal, hay una investigación en marcha para determinar cómo se llevaron a cabo las amenazas y las circunstancias. "El hecho existió, se hizo a través de un teléfono, no sabemos determinar si fue uno de los teléfonos que tenemos autorizados dentro de la 11 o no", dijo, y aclaró que es importante destacar que los internos tienen teléfonos autorizados por el poder judicial, pero son teléfonos que no tienen acceso a red, ni cámaras, ni WhatsApp.

Luego, agregó que es probable que las amenazas entre presos de la U11 hayan ocurrido a través de un celular que hayan ingresado de manera clandestina: "lamentablemente, (los internos) tienen muchos artilugios como para poder ingresar teléfonos con acceso a redes, situación que nosotros muchas veces en nuestras requisas normales que hacemos dentro de la unidad logramos la retención preventiva de varios de estos aparatos celulares con acceso a redes".

Al respecto, indicó "estos audios dan la presunción de que pueda haber participación de un penitenciario", a lo que tendrán que investigar si se trata de una participación real o dentro del artilugio de la estafa, la persona al momento de hablar con la mujer, inventó esta situación para darle más dramatismo. En todo caso, expresó: "nosotros estamos en la obligación de iniciar una investigación interna, la cual se inició para ver si hay responsabilidad o deslindar la responsabilidad del personal a mi cargo dentro del el cuidado de esta persona.

Al respecto de las presuntas llaves que tendrían los autores de las amenazas, solo indicó que efectivamente "en el momento del cierre de celdas o en determinado horario, por ejemplo, el cierre del patio, se cierran con candado muchas puertas dentro de los pabellones".

Investigaciones en la U11

La investigación por amenazas, se inició en el contexto de la crisis carcelaria, y la muerte de dos presos en circunstancias que están bajo investigación. Sus nombres eran Franco Figueroa y Michael Aguilar. El primero sucedió el 10 de marzo, tras un incendio desatado en una celda de la U11, donde una persona privada de la libertad que había terminado hospitalizado en terapia intensiva con el 40% del cuerpo quemado finalmente murió. La causa estuvo a cargo de la policía judicial de la División Bomberos.

El otro hecho investigado por la fiscal Lucrecia Sola fue el 18 de abril, en el Pabellón 8, recientemente reinaugurado tras algunos arreglos que ordenó la justicia, un hombre murió en medio de una pelea entre varios internos pertenecientes a grupos antagónicos.

Al respecto de las muertes, desde el Comité para la Prevención de la Tortura, lanzaron un comunicado donde señalaron el impacto que tiene sobre la salud física y mental de los detenidos el incumplimiento de los estándares mínimos de espacio vital que deben garantizarse para una persona privada de su libertad.

 "En el Pabellón 8A -donde estaba alojado Michael Aguilar- había cuatro personas en celdas de apenas 3 por 2,5 metros, es decir, 7,5 metros cuadrados en total, cuando deberían ser al menos 16. Situación que se replica en toda la unidad. El problema, volvemos a subrayar, no se reduce a la cantidad de personas por celda: las condiciones de hacinamiento se agravan por la escasa o nula iluminación, colchones deteriorados, humedad permanente, deficiente ventilación, pisos inundados y baños en mal estado, entre otras deficiencias de carácter estructural".

Fuente: Medios.