Amparo colectivo en Río Negro contra la derogación de Ley de Tierras

La legisladora rionegrina del bloque Vamos Con Todos, Magdalena Odarda junto con organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes políticos de su provincia, presentaron una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional. 

La acción está dirigida específicamente contra el artículo 154 del Decreto N° 70/2023, publicado por el presidente Javier Milei el 21 de diciembre de 2023, derogando "sin necesidad ni urgencia justificada" la Ley de Tierras Rurales N° 26.737. En la acción presentada se destaca la solicitud de declaración de "inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del artículo 154 del mencionado decreto, así como de toda normativa o acto derivado o dictado en cumplimiento del mismo". 

Asimismo, este amparo colectivo solicita la nulidad total de todas las operaciones de compra de inmuebles rurales realizadas por personas humanas o jurídicas extranjeras desde la fecha de emisión del decreto impugnado. 

De acuerdo a la diputada provincial, la Ley de Tierras "tiene como objetivo principal evitar la concentración de tierras nacionales por parte de extranjeros, con fines adicionales como la protección de recursos estratégicos no renovables y la seguridad alimentaria e hídrica del país". 

Odarda anticipó que "esta es la primera acción judicial presentada en los Tribunales Federales de Río Negro, encontrándonos legitimados para exigir la intervención de la Justicia en defensa de la legalidad constitucional. Más aún cuando los derechos conculcados se relacionan con la defensa y soberanía nacional, con el respeto al ambiente y con los derechos humanos de los pueblos indígenas". 

Y continuó: "La derogación de la Ley de Tierras por DNU compromete este derecho fundamental y la utilización racional de los recursos naturales, esenciales para el desarrollo humano y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Además, afecta la soberanía nacional al comprometer la regulación de la titularidad de tierras rurales, consideradas recursos estratégicos esenciales para la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural, y la identidad de nuestra nación". 

En relación al DNU y su impacto, Odarda señaló: "El DNU puesto en crisis por derogar la ley 26.737, entre otras aberraciones jurídicas, incumple la forma republicana de Gobierno. Pretende interferir en legislación protectora de la seguridad de nuestras fronteras, así como poner en jaque los derechos de nuestros Pueblos Originarios sobre sus territorios ancestrales". 

Y por último, solicitó a la Justicia "que habilite los días y horas inhábiles para darle trámite urgente a esta situación".