El Gobierno repudia el aumento de las prepagas: se niega a dialogar y considera acciones legales

A pesar de su postura a favor de la competencia de mercado, el gobierno de Javier Milei muestra resistencia a recibir a las cámaras que agrupan a las empresas de medicina prepaga y está investigando la posible existencia de un acuerdo ilícito entre ellas para fijar precios de venta. De confirmarse esta sospecha, prometen llevar el asunto a la justicia "hasta sus últimas consecuencias".

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los impulsores del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que habilitó la desregulación de precios de las prepagas, generaron inquietud en las empresas, que, con preocupación, negaron ser "formadoras de precios" y solicitaron una audiencia urgente con el titular del Ministerio de Hacienda.

Según información que salió a la luz hace unos días, Caputo no solo rechazará dicha solicitud, sino que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) está considerando presentarse en la justicia contra las empresas por supuestas "prácticas abusivas", una acción que decidirá en los próximos días.

Al mismo tiempo, el organismo está elaborando un informe detallado sobre los aumentos de las cinco principales empresas del sector para presentarlo ante la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), cuyo plazo vence el 17 de abril, y que es responsable de determinar si existe cartelización.

Después de haber impulsado aumentos del 40% en enero, del 2% en febrero, del 20% en marzo y con otra subida prevista para abril de entre el 14% y el 18%, desde el gobierno aseguran que "algunos empresarios no saben cómo trabajar en libertad" y están dispuestos a tomar medidas drásticas.

Se señaló que "Caputo no los recibirá" y se destacó que "hay herramientas legales dentro del capitalismo que pueden aplicarse para resolver el problema".

En las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud, se asegura que las cinco principales empresas del mercado han acordado aumentos por encima de la inflación, con diferencias mínimas de uno o dos puntos. También se menciona la posibilidad de imponer grandes sanciones económicas a estas empresas.

Luego de que Caputo afirmara que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media", el gobierno optó por endurecer su postura: sin abrir mesas de negociación y desoyendo los pedidos para reanudar el diálogo, continúa de cerca la investigación de la CNDC.

En paralelo, el gobierno se ha unido a los reclamos presentados por un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, liderados por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, quienes presentaron una denuncia por "conducta anticompetitiva" que respalda la investigación.

Fuente: Medios