Nueva era en la política neuquina: diputados aprobó la ley de Ficha Limpia
Con la aprobación de esta ley, quienes tengan condenas firmes por delitos graves no podrán ser candidatos a cargos públicos.
La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó ayer la Ley de Ficha Limpia, que establece los requisitos para quienes deseen postularse a cargos electivos o integrar el gabinete provincial. Las personas con condena en segunda instancia no podrán postularse a cargos públicos en la provincia.
La norma fue respaldada por 28 votos a favor y 5 en contra, luego de unificar los proyectos impulsados por el PRO y el gobernador Rolando Figueroa en un despacho de mayoría.
La iniciativa contó con el apoyo de Neuquinizate, el PRO, el MPN, Fuerza Libertaria y La Libertad Avanza, mientras que la izquierda y el kirchnerismo votaron en contra.
Quiénes quedan fuera de la escena política
La Ley de Ficha Limpia establece que quienes hayan sido condenados por delitos dolosos -cometidos con intención de causar daño- no podrán postularse como candidatos ni ejercer cargos públicos en Neuquén.
Además, la prohibición se extiende a delitos federales con fallo condenatorio en segunda instancia y tiene carácter permanente.
También abarca delitos del Régimen Penal Tributario, a quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, a los inhabilitados por juicio político y a condenados por tráfico de estupefacientes.
La postura de algunos funcionarios
Ernesto Novoa (Comunidad) sostuvo que Ficha Limpia será determinante para definir el tipo de dirigentes políticos que tendrá Neuquén y la consideró un "grado de confianza" para atraer inversiones a una provincia sin corrupción.
Además, enfatizó la necesidad de que esta norma no se utilice como herramienta para silenciar a la oposición, justificando así la exclusión de los delitos de calumnias e injurias del texto final.
También destacó que solo nueve jurisdicciones en el país cuentan con una legislación similar y afirmó que la medida "va contra la casta política y los privilegios".
Por su parte, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) calificó la ley como "un acto de justicia" al establecer los mismos requisitos para acceder a la función pública que los que se exigen a cualquier empleado estatal.
Consideró que la norma beneficiará a la política neuquina al propiciar una dirigencia que represente al ciudadano común que no comete ilícitos, tanto en términos concretos como simbólicos.
Desde Unión por la Patria (UxP), el diputado Darío Martínez defendió el despacho en minoría, destacando que su propuesta incorporaba criterios de ética pública y mecanismos de transparencia para funcionarios en ejercicio. "Es un paso que debemos dar con claridad y contundencia", afirmó.
Si bien respaldó la iniciativa al considerarla "un avance", César Gass (JxC-UCR) advirtió sobre posibles conflictos constitucionales y lamentó que la redacción final no incluyera restricciones para ocupar cargos públicos a quienes hayan cometido delitos de calumnias e injurias.
En tanto, Brenda Buchiniz (Cumplir) valoró el debate como "trascendental" y anticipó que, durante el tratamiento en particular, propondrá incluir en el artículo 1° a las designaciones políticas del Poder Legislativo.
Desde la izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) criticó la ley por considerar que no mejorará la calidad de la política y que, en cambio, se trata de una herramienta de proscripción.
En esa línea, recordó el caso de Lula en Brasil y alertó sobre el riesgo de restringir voces opositoras, calificando algunos aspectos de la norma como "antidemocráticos".
Julieta Ocampo (FIT-U) se expresó en el mismo sentido y cuestionó la urgencia con la que el gobierno impulsó la medida, dejando de lado temas que, según ella, deberían ser prioritarios por su vínculo con las demandas sociales actuales.
Fuente: Medios