Massa anunció que el piso del impuesto a las ganancias será de 1.770.000

Ante una multitud de trabajadores, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir del 1 de octubre el piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que eximirá del pago a unos 800.000 contribuyentes y dejará al margen de la carga al 90% de quienes actualmente lo tributan.

Massa hizo el anuncio en la Plaza de Mayo tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) mensuales, actualmente en $118.000.

"Hemos tomado la decisión de, por decreto, impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. En la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias", aseguró Massa.

Al mismo tiempo, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el nuevo piso se ajuste de manera semestral, en conformidad con la evolución del SMVM, de manera que el cambio quede institucionalizado y, así, mantener constante el porcentaje de trabajadores que pagan este gravamen.

El proyecto que presentó este lunes el ministro de Economía plantea que el Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) cambie de nomenclatura por la de impuesto a los "Mayores Ingresos" y que solo pagarán unos 80.000 contribuyentes, que se corresponden con trabajos de CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.

El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.

Según cálculos del ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal de esta medida implicaría dejar de recaudar cerca de $ 1 billón al año, que esperan que se vuelque al consumo y redunden en una mayor actividad económica, ante la mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores alcanzados.