El Gobierno auditará y eliminará pensiones: quiénes serán afectados

El Gobierno Nacional decidió intensificar los controles sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría llevar a la eliminación de entre 120.000 y 160.000 beneficios en los próximos meses. 

Esta decisión surge tras la detección de numerosas irregularidades en la concesión de estas pensiones, con el fin de garantizar que solo quienes realmente necesiten este apoyo del Estado lo sigan recibiendo.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ha iniciado un proceso de auditoría sobre aproximadamente 400.000 beneficiarios de estas pensiones. Las primeras revisiones se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se expandirán a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Criterios para la Suspensión

Las auditorías han revelado que entre el 30% y el 40% de los casos revisados podrían resultar en la suspensión de los haberes. Esto se traduce en que hasta 160.000 personas podrían perder este beneficio, que equivale al 70% de la jubilación mínima en Argentina. Entre las irregularidades detectadas se incluyen la falsificación de documentación médica, el uso de radiografías idénticas en múltiples expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplen con las condiciones de invalidez laboral.

Un estudio inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% de los beneficiarios cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión. Además, alrededor del 35% de las pensiones auditadas mostraron incompatibilidades, como la posesión de bienes no declarados o empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez.

Quiénes Serán Afectados

Los principales afectados por estas medidas serán aquellos que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Estas pensiones están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Las personas bajo revisión incluyen a beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, aquellos que poseen bienes significativos como vehículos, propiedades, o incluso aviones, y quienes tienen empleo formal. También se revisarán casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, incluyendo radiografías de animales utilizadas para obtener pensiones.

Montos y Requisitos

Para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos:

• No recibir otros ingresos del Estado.
• No tener empleo formal.
• Contar con ingresos insuficientes.
• Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad.
• No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario.

El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, el valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre, tras un incremento del 4,03% en las jubilaciones.

Proceso de Revisión y Consecuencias Legales

El proceso de auditoría ya ha comenzado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y se extenderá a otras regiones del país. Además de las auditorías, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones, sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha subrayado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. 

El objetivo, según Spagnuolo, es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.

Fuente: Medios