Audiencia de formulación de cargos: se esperan nuevos imputados
Este jueves 28 de septiembre se lleva a cabo una nueva audiencia de formulación y ampliación de cargos en la casusa de estafas con planes sociales. La cifra de la malversación de fondos podría ascender a 200 millones de pesos.
Este jueves 28 de septiembre desde las 8.30 de la mañana se está llevando adelante en la Sala 12 de la Ciudad Judicial, una nueva audiencia de formulación y ampliación de cargos contra los exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén por la causa de estafas con planes sociales, cometidas entre el 2020 y el 2022, con cheques y con tarjetas de débito de beneficiarios.
Los tres imputados son Ricardo Nicolás Soiza, exdirector general de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio y Marcos Ariel Osuna, ex jefe del departamento de Gestión de Programas. Los tres permanecen detenidos con prisión preventiva.
En esta nueva instancia, se esperan novedades, la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez ampliará la acusación contra 16 personas a las que ya les formularon cargos, quienes fueron los que le dieron impulso a la investigación, ya que uno de ellos se presentó voluntariamente a declarar. Además, se espera que imputen a otras 14, entre los que se encuentra, el exministro Abel Di Luca.
Cómo funcionaban las estafas con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social.
Según adelantó la fiscalía, en la audiencia, se formularán cargos contra el exministro Abel Di Luca; el coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler, el auditor contador Julio Arteaga, el contador José María Gallo, Carolina Reznik (directora General de Finanzas), Julieta Oviedo (directora de Tesorería), Valeria D'Angelo, Aaron Escobar, Marines Huaiquipan, Ariel Krom, Rodolfo López, Meza González, Omar Rodríguez Quezada y el abogado Alfredo Cury.
Los imputados pidieron a través de su abogada Antonella Carabelli realizar su declaración por Zoom y no estar presentes en la sala, porque todavía tienen temor a las represalias de Soiza, Sánz y Osuna, y a las de su abogado Alfredo Cury.
Ante esta solicitud, la Fiscalía no presentó oposición y la jueza de Garantías, Estefanía Sauli, accedió al pedido ya que Código Procesal Penal contempla algunas excepciones y los argumentos esgrimidos permiten aplicarlas.
La investigación ha tenido algunos grados de avance, el 7 de septiembre pasado por pedido del fiscal Narváez, se realizó un procedimiento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social.
El allanamiento se originó porque obtuvieron información sobre la existencia de un servidor interno que contendría datos de relevancia para el caso, por lo cual pidieron la autorización para poder buscar el contenido y luego ver si es necesario secuestrarlo.
Fuente: Medios
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