Allanan a dirigentes piqueteros por extorsionar a beneficiarios de planes

Una reciente investigación sacó a la luz una serie de irregularidades en la gestión de los fondos del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, dirigido por el ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. 

Este lunes, alrededor de 30 allanamientos se realizaron en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.

La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión, en total fueron 27; entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones, las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.

Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una "cuota" para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los alimentos.

Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con "multas" para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.

También había "listas de espera" de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los "beneficiarios comunes" que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer "un aporte" al comedor; los "delegados" que reciben el doble o triple ayuda y los "referentes" quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.

Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: "compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera", reza el hallazgo de esos mensajes.

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.

"De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino", según se manifestó desde la fiscalía.

Los comedores truchos

Según los primeros datos de la investigación, hubo irregularidades en los fondos del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado en 2020 y que tenía como objetivo garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría exhaustiva que puso en evidencia la falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

El 47.7% de los comedores no fueron encontrados, uno se ubicaba supuestamente en un barrio privado y otro en una dirección que no existe

El caso del comedor "Gauchito Gil" es especialmente llamativo, ya que está registrado en la dirección de un barrio privado y nunca existió efectivamente. Otro ejemplo es el comedor "Sol de Barrio", cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano ha tomado medidas para corregir las fallas del sistema y evitar futuros fraudes. La denuncia penal busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes. 

Este escándalo pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en los programas sociales para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Fuente: Medios