Impidieron la participación de las Asambleas en la Audiencia por el oleoducto

Una Audiencia Pública destinada a discutir el proyecto de oleoducto y puerto petrolero en Sierra Grande se convirtió en un caos marcado por la violencia y las amenazas. Grupos organizados y dirigidos por funcionarios locales impidieron la participación de voces críticas y generaron un clima hostil que invalida la validez del proceso.

Desde tempranas horas del día, el gimnasio donde se llevaría a cabo la Audiencia Pública se llenó con personas afines al gobierno y la intendencia, que impidieron el ingreso de muchos de los oradores inscriptos pertenecientes a asambleas y organizaciones. Las fuerzas policiales, en lugar de garantizar la seguridad y el acceso de los participantes, retrasaron el ingreso de integrantes de las asambleas y controlaron sus pertenencias, mientras que permitieron el libre ingreso de grupos afines con carteles y banderas a favor del proyecto.

Las tensiones se intensificaron cuando una de las oradoras de las asambleas logró acreditarse y cuestionó a la funcionaria de Ambiente de la provincia, Dina Migani, sobre la prohibición del ingreso de varios participantes y denunció agresiones fuera del recinto. La respuesta de Migani fue retirarla violentamente con la ayuda de la policía, demostrando una actitud hostil hacia quienes manifestaban su oposición al proyecto.

A pesar de ser testigo de la violencia y las irregularidades, la funcionaria Migani decidió continuar con la audiencia. Además, varias organizaciones y organismos de Derechos Humanos habían advertido previamente a las autoridades sobre el clima hostil y las confrontaciones que se estaban gestando en el lugar, pero estas advertencias no fueron atendidas.

Las asambleas y organizaciones involucradas denunciaron que la audiencia fue manipulada y violentamente interrumpida, violando sus derechos fundamentales a la participación democrática. Expresaron que el proyecto está siendo impuesto mediante violencia y represión, y que las autoridades y empresas involucradas están incumpliendo leyes y tratados internacionales.

En medio de la controversia y la represión, las voces opositoras al proyecto aseguraron que su convicción es inquebrantable y que continuarán luchando por la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, a pesar de los obstáculos y la violencia que enfrenten en el proceso.

Fuente: Asambleas del Curru Leufu