En qué estado está la causa de la explosión de la escuela de Aguada San Roque
Desde ATEN indicaron que la resolución del caso es un desafío para el gobernador electo Rolando Figueroa. Hay funcionarios y empresarios involucrados en la causa.
A dos años de la explosión en la escuela Nº 144, de Aguada San Roque, la causa judicial con nueve imputados, entre funcionarios y empresarios, será sometida a elevación a juicio en el mes septiembre. En este marco, el reclamo de justicia se mantiene intacto por parte de las familias y del gremio docente ATEN, que realiza este jueves una marcha hasta la Casa de Gobierno.
El trágico hecho le arrebató la vida tres personas, a los gasistas Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y luego a la docente Mónica Jara. El plazo final para la investigación está fijado para el 26 de septiembre y, antes de esa fecha, prevén que se deberá hacer la audiencia para la apertura a juicio.
"Es una fecha muy sentida para el colectivo de trabajadores de la educación por lo que representa. Tenemos presente un hecho que ha conmovido a los compañeros de Neuquén y a nivel nacional", dijo Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN.
Hoy es una jornada de homenaje para Mónica Jara, la docente que falleció tras varios días permanecer internada, pero también es un momento en el que exigen "escuelas seguras".
El gremio ATEN pide Justicia por los tres fallecidos: su compañera Mónica Jara y los gasistas Nicolás y Mariano.
Día Trágico: 29 de junio de 2021
La explosión ocurrió el 29 de junio alrededor de las 13:50, en el paraje Aguada San Roque. Tanto el gasista Nicolás Francés, como su sobrino y ayudante, Mariano Spinedi y la docente acudieron al sector donde dormían las niñas, sin alumnas hasta ese momento, cuando se produjo una deflagración y un incendio. Los dos operarios murieron al instante y Mónica, logró salir por una ventana y falleció trece días después.
La fuga de gas se produjo en un niple de transición que estaba roscado a un accesorio tipo "T", como sostuvo la fiscalía en la audiencia de formulación de cargos.
Querella por ATEN
El abogado Darío Kosovsky, representante legal del gremio, dijo que, a esta altura, la causa judicial se encuentra "a las puertas del requerimiento de elevación a juicio". La investigación que la fiscalía, a través de la fiscal jefa Sandra González Taboada y las querellas llevan adelante tiene a nueve personas imputadas entre funcionarios y contratistas.
"Lo que intentamos desde un principio plantear (que la explosión) es una tragedia evitable", refirió el abogado. En esta línea, dijo que "no es lo mismo una indagación preparatoria sobre un accidente, que sobre maniobras que -a nuestro juicio- van a estar acreditadas y que tienen que ver con la desidia en la administración de los fondos públicos y que terminan en muertes".
Kosovsky definió que uno de los lemas de ATEN es el que dice: "La corrupción mata", y está convencido que hay elementos suficientes en la causa como para acreditar ese hecho. Se aguarda junto a la fiscalía una pericia contable para determinar el daño que se provocó en la administración pública, por fondos que fueron mal pagados a una empresa que no ejecutó la obra como correspondía, agregó.
El abogado especificó que a pesar de la acusación fiscal hacia funcionarios por hechos de corrupción, aún así "no se ha tomado siquiera la decisión de los apartamientos preventivos de los funcionarios".
Por otro lado, con respecto de la empresa, Kosovsky señaló que se acreditó que después de la explosión de la escuela, "se siguieron acreditando pagos relacionados con la obra, es decir que "ni siquiera se detuvieron esos pagos".
Hubo críticas a la actitud de las autoridades provinciales porque no hubo sanciones o procedimientos disciplinarios, tampoco hubo un gesto político hacia la sociedad de desplazar a los funcionarios de sus cargos. "Explotó una escuela, murieron tres personas y no se recibió a los familiares, ni siquiera hubo un mea culpa", manifestó.
Familiares de las víctimas, ATEN y los abogados querellantes se encuentran a la espera de una audiencia para la apertura a juicio.
ATEN: Marcelo Guagliardo, sobre los funcionarios involucrados
Para el secretario general de ATEN, las muertes del gasista Nicolás Francés, el ayudante Mariano Spinedi y de la docente Jara, "es una de las deudas más importantes que tiene el gobernador Omar Gutiérrez", quien, a poco de finalizar su gestión, no tuvo "la iniciativa de separar del cargo a quienes hoy están en funciones".
Guagliardo consideró que "es un desafío para el gobernador electo, Rolando Figueroa, que asume". Fue muy crítico de esa decisión: "Obras Públicas es un área muy sensible y tiene que haber cambios", apuntó.
En este sentido, dijo que es necesario la modificación en esa estructura porque depende de ellos la seguridad de miles de personas en la provincia. "Si no los sacó el gobernador actual, lo tiene que hacer el próximo", concluyó.
La causa judicial que se sigue en la II Circunscripción, con asiento en Cutral Co, tiene como imputados al subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza; a los directores de Obras Contratadas, Carlos Córdoba y Raúl Capdevilla; al inspector de la obra Sergio Percat; a los directores General de Educación Rural, Fabio Luna y de Nivel Primario, Patricia Cresatti.
Luego, a Héctor Villanueva, el socio gerente de Arte Construcciones; a Diego Bulgheroni, representante técnico y al constructor Eduardo Afione.
Los delitos que se les endilgan van desde estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta; incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.
Fuente: Diario Río Negro
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