Qué imputados rechazaron la reducción de pena a cambio de devolver el dinero

La cúpula del antiguo Ministerio de Desarrollo Social declinó la oferta de un juicio abreviado que implicaba una reducción de penas a cambio de la devolución del dinero involucrado en el presunto fraude. ¿Qué rumbo tomará ahora la causa?

Un reciente allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social incautó material relevante para la investigación.

Todo indica que los principales sospechosos en la causa de presunta estafa y asociación ilícita en los planes sociales de Neuquén se encaminan hacia un juicio, al no aceptar la oferta de la Fiscalía de Delitos Económicos. Muchos de ellos mantienen la esperanza de ser absueltos judicialmente. 

La propuesta consistía en admitir el delito y restituir la suma de dinero implicada en el fraude con las tarjetas de débito del BPN, estimada inicialmente en una defraudación de 153 millones de pesos.

El pasado 30 de abril expiraba el plazo para que los principales imputados, junto con un total de 32 personas, en su mayoría empleados del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, aceptaran el acuerdo.

"Muchos han rechazado la oferta porque sería una falsedad; no hay evidencia en la causa, lo único que importa es presionar a los imputados para que señalen a funcionarios de mayor rango", comentó uno de los abogados defensores en la megacausa.

El juicio podría tener lugar antes del 27 de julio, fecha límite establecida, y la Fiscalía busca un juicio abreviado antes del receso judicial. Sin embargo, los principales imputados han rechazado la oferta. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Vignatoli y Juan Manuel Narváez, lideran la investigación sobre el fraude en los planes sociales.

Uno de los que declinó la propuesta fue Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de julio del año pasado. La Fiscalía le propuso una condena de 8 años de cárcel efectiva, propuesta que Soiza se negó a aceptar, enviando a través de su abogado un mensaje a los fiscales Juan Manuel Narváez y Pablo Vignatoli, en el que indicaba que era el mismo Ministerio Público Fiscal de Neuquén quien debía ofrecerle disculpas.

Otros imputados que rechazaron la oferta fueron Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización, para quien se pidió una pena de 6 años de prisión efectiva; Marcos Osuna, exdirector de Gestión de Programas, con 7 años de prisión efectiva; y Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social de Neuquén, por quien se pidió una condena de 6 años de prisión efectiva. Por su parte, el excoordinador Tomás Siegenthaler recibió una oferta de 5 años de prisión efectiva, pero está en libertad.

A pesar del rechazo de la cúpula de los imputados, no se descarta ningún escenario antes de julio.

Solo los eslabones más bajos en la cadena delictiva han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, siendo conocidos como los "reclutadores" y "extractores", encargados de reclutar personas necesitadas para ofrecerles subsidios y luego retirar el dinero de los cajeros automáticos con las tarjetas de los beneficiarios.

Antes de que venciera la oferta del Ministerio Público Fiscal, Esteban Sampayo, abogado de Ricardo Soiza, reveló: "Nos ofrecieron ocho años de prisión efectiva, pero Ricardo tendría que asumir la responsabilidad. También propusieron seis años al exministro Abel Di Luca. Nos dieron una fecha límite para responder, que es el 30 de abril".

Sampayo afirmó que la causa está basada en pruebas insuficientes y que la verdadera intención del Ministerio Público Fiscal es encarcelar a los funcionarios por motivos políticos, mientras que quienes aparecen en las filmaciones manipulando el dinero quedan libres.

"Ricardo Soiza está siendo presionado para implicar a otros políticos, pero él se niega. La causa busca simplemente crear escándalo con nombres de políticos y listas, pero no hay evidencia", concluyó Sampayo.

Fuente: Medios