Un psicólogo emitió más de 850 certificados truchos a docentes neuquinos
Dada la "obscena cantidad" de certificados emitidos y la extensión de la práctica en diferentes zonas de la provincia, la fiscalía de Estado solicitó una revisión de los movimientos bancarios de los empleados públicos para determinar si fueron comprados.
La fiscalía de Delitos Económicos allanó la vivienda y el consultorio de un psicólogo en Andacollo, quien está bajo investigación por haber emitido más de 860 certificados de reposo laboral este año a empleados de la administración pública, en su mayoría docentes, de varias ciudades de la provincia como Neuquén, Añelo, Zapala, Chos Malal, Centenario, Loncopué y Plottier.
La investigación comenzó cuando el Ministerio de Educación detectó irregularidades en los certificados. Algunos de estos documentos fueron emitidos con fechas futuras, lo que fue descubierto durante controles internos.
La fiscalía de Estado ha solicitado una revisión de los movimientos bancarios de los involucrados para determinar si los certificados fueron comprados por los docentes al psicólogo.
Procedimiento de allanamiento
Aunque el psicólogo no fue detenido, las autoridades le confiscaron su computadora, teléfono y certificados con fechas postdatadas. El procedimiento fue dirigido por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, con la autorización del juez Lucas Yancarelli y el apoyo de la policía provincial.
De los certificados emitidos, más de 800 fueron destinados a docentes. "El volumen es llamativo y exageradamente mayor al que emiten los restantes profesionales de la salud provincial", señaló la denuncia presentada por la fiscalía de Estado, que actuó a pedido de la ministra de Educación, Soledad Martínez.
En los primeros cinco meses del año, el psicólogo emitió 631 certificados, prácticamente triplicando la cantidad expedida por otros profesionales de la salud. La fiscalía de Estado subraya que "resulta materialmente imposible que el denunciado haya emitido la inusitada cantidad de más de 860 certificados indicando reposo laboral, previo análisis de sus pacientes". Esto sugiere que los certificados se emitieron con diagnósticos falsos para facilitar a los empleados públicos el incumplimiento de sus deberes laborales, garantizando el goce de haberes sin trabajar.
La fiscalía de Estado también destacó que las licencias otorgadas irregularmente generan un importante costo para el Estado, con algunos agentes públicos disfrutando de licencias de hasta 200 días en lo que va del año.
La denuncia afirma que "poner en mercado certificados falsos, los que son adquiridos por agentes y empleados públicos para engañar al Estado a efectos de que efectúe una disposición patrimonial perjudicial, configura fraude en perjuicio de la administración pública".
Dada la "obscena cantidad" de certificados emitidos y la extensión de la práctica en diferentes zonas de la provincia, la fiscalía de Estado ha solicitado una investigación exhaustiva sobre la posible compra de certificados por parte de los agentes públicos provinciales.
Fuente: Medios