Sostienen que la medida intenta evitar que los profesionales convocados a la gestión se vayan al sector privado, que paga mejores sueldos. Esta medida se extenderá también a concejales.
Una jueza ordenó la medida por cinco meses debido al hacinamiento, las fallas eléctricas y la ausencia de elementos para combatir incendios. En una de las cárceles, la capacidad es de 13 plazas y hay 39 personas.