Se afirma que la compra no siguió el procedimiento administrativo correspondiente y que se acordó un precio superior al de la tasación de mercado. Además, las tierras no contarían con escritura.
A los 16 acusados se sumarán otros 14, mientras que aún no se sabe si queda afuera la imputación de la exfuncionaria Adriana Figueroa. La cifra de la malversación de fondos podría ascender a 200 millones de pesos.