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Los operativos incluyen centros médicos, consultorios y viviendas, y tienen como objetivo la búsqueda de registros y la incautación de dispositivos electrónicos.

Se los investiga por la emisión de más de 3.600 certificados entre el 1 de enero y el 25 de julio de este año, sin contar los certificados presentados por el personal policial.

Dada la "obscena cantidad" de certificados emitidos y la extensión de la práctica en diferentes zonas de la provincia, la fiscalía de Estado solicitó una revisión de los movimientos bancarios de los empleados públicos para determinar si fueron comprados.