Emergencia penitenciaria aprobada: Figueroa tendrá U$S 50 millones para cárceles
Los problemas más notorios son la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación en las cárceles.
La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó, en una sesión extraordinaria llevada a cabo ayer viernes, la Ley 3.426 que declara la emergencia penitenciaria en la provincia por un período de tres años, con posibilidad de prórroga por igual lapso. La normativa otorga al gobernador Rolando Figueroa la facultad de realizar operaciones de crédito público por un monto de hasta 50 millones de dólares, destinados a hacer frente a la crisis del sistema carcelario, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación en las cárceles.
Con 21 votos a favor provenientes de los bloques Desarrollo Ciudadano-Comunidad, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Avanzar, MPN y Cumplir, la ley fue respaldada mayoritariamente, mientras que las bancas del FdTN (peronistas) y FITU (izquierda) votaron en contra. La emergencia fue fundamentada por el diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad), quien describió la situación carcelaria como "sumamente grave", señalando que las comisarías son utilizadas para alojar a personas detenidas y condenadas debido a la superpoblación carcelaria.
El diputado Francisco Lépore (Avanzar) destacó la necesidad inmediata de incorporar 200 plazas nuevas para reducir el hacinamiento en la U11 y descomprimir las comisarías, que actualmente albergan a 55 personas privadas de su libertad. Además, indicó que los fondos obtenidos se destinarán a reparaciones, incorporación de equipamiento y restauración de servicios en las unidades de detención.
Desde el bloque Cumplir, Alberto Bruno enfatizó que la medida permitirá abordar las condiciones de hacinamiento y solicitó también una ley de emergencia en seguridad. Agregó que funcionarios de la cartera de Seguridad concurrirán a la comisión de Hacienda para brindar informes semestrales.
Gerardo Gutiérrez (MPN) sugirió la inclusión del Comité contra la Tortura como consultor en los distintos aspectos de la emergencia. Por su parte, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) destacó la falta de funcionamiento del Estado en la cuestión carcelaria y solicitó avanzar en una ley de emergencia en seguridad para dotar de mayores recursos a la policía neuquina.
La diputada Lorena Parrilli (FdTN) cuestionó el endeudamiento en moneda extranjera y expresó preocupación por la falta de precisiones en tasas y plazos del mismo. Su colega Darío Martínez criticó la falta de detalles en el informe de la cartera de Seguridad y sostuvo que, según dicho informe, las necesidades carcelarias podrían cubrirse con 22 millones de dólares en lugar de los 50 propuestos por la ley.
Desde el FIT-U, Gabriela Supiccich coincidió con el diagnóstico de la situación carcelaria pero cuestionó que la ley no dará respuesta a la problemática, además de expresar inquietud por el endeudamiento que implica un "cheque en blanco".
Fuente: Medios
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