Causa Comedores: ordenan indagatoria para Eduardo Belliboni y otros piqueteros
La justicia investiga al dirigente del Polo obrero por presuntas desprolijidades en los comedores sociales y disposición indebida de fondos públicos.
El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la indagatoria de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y otros referentes de la agrupación por el escándalo de corrupción que generó una serie de allanamientos el pasado 11 de mayo y están imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
El magistrado resaltó cómo las personas vulnerables recibían esos planes a través de la intermediación de las organizaciones y cómo se comprobó "el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos".
Casanello también ha solicitado al Ministerio de Capital Humano un informe detallado sobre todos los alimentos pendientes de distribución en comedores sociales. Esta petición surge tras una denuncia periodística que expuso la situación la semana pasada. Belliboni ha sido citado a declarar el 15 de junio.
Avance en la Investigación Patrimonial
La decisión del juez se fundamenta en el análisis patrimonial de los involucrados, en el marco de los acuerdos suscritos con el Estado. Se investiga la percepción y disposición indebida de fondos públicos, una parte central de los hechos en cuestión.
Según el juez, se descubrió que "diversas personas, bajo las figuras asociativas de la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales asignados en convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dentro del programa Potenciar Trabajo."
Casanello señaló que se constató el uso de facturación falsa y la simulación de gastos no realizados para ocultar el uso real de una parte significativa de los fondos. "Se trató de montos significativos canalizados a través de diferentes personas jurídicas con el objetivo de obtener beneficios particulares. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividades partidarias," subrayó el juez.
El juez añadió que la maniobra incluía la exigencia a beneficiarios de determinados comedores comunitarios de participar en movilizaciones políticas, aportar dinero a la organización y votar por un candidato específico, bajo amenaza de perder la ayuda estatal.
Cronograma de Indagatorias
El cronograma de indagatorias es el siguiente:
- 11 de junio: Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches.
- 12 de junio: Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat, María Cecilia Cowper.
- 13 de junio: Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso, Lorenzo Martelli.
- 18 de junio: Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez.
- 19 de junio: Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Elizabeth del Carmen Palma.
- 15 de junio: Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz, Roberto Adrián Albornoz.
Declaraciones del Juez
Casanello advirtió sobre "una distorsión de la noble política estatal en defensa de los más necesitados en la que participaban algunos actores". Según él, "la organización recibía fondos del Estado y tenía la obligación de administrar esos recursos de manera adecuada. Los elementos probatorios sugieren que, en los casos investigados, el interés público fue desviado."
Esta indagatoria busca esclarecer las acusaciones y determinar las responsabilidades en la administración de los fondos destinados a los comedores sociales.
Cómo se destapó la olla en los comedores:
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente.
Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Para el fiscal Gerardo Pollicita, "al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.
Tras los primeros allanamientos, el juez ordenó una serie de medidas que incluyó la inhibición de bienes de los implicados. La causa entró en secreto de sumario para concretar más diligencias. Y una decena de personas se acercó para pedir protección. Este lunes, a dos semanas de los allanamientos que expuso públicamente la causa, el juez resolvió llamar a los involucrados a indagatoria.
Fuente: Medios