El plus por ir a trabajar y la discusión sobre el malgasto público

Esta semana se aprobó en la legislatura provincial una nueva ley: incentivo para el presentismo docente. La novedad cayó como un balde de agua fría sobre el sindicalismo neuquino. Se trata de un plus por presentismo para los trabajadores de la educación que podrían añadir un sueldo por año para los cumplidores.

El ausentismo docente es uno de los temas más recurrentes en la provincia. Cada negociación salarial renueva la discusión y pone sobre el tapete la medición sobre los índices de asistencia de los docentes a las aulas. Según el diputado Claudio Domínguez (MPN), principal impulsor de la iniciativa, el Estado neuquino gasta 100 millones de dólares al año en suplencias evitables. Una erogación que desentona con el ánimo austero que el nuevo gobierno provincial le imprime a la gestión pública. Al menú se agregan certificados de dudosa legalidad. "Un mismo médico llegó a otorgar sesenta certificados médicos en el mismo día... ¿Cómo hace para atender a sesenta personas en una jornada laboral?" se preguntó Domínguez en una entrevista radial. Sobre mojado "muchos certificados coinciden con días lunes y viernes" remató sugiriendo la existencia de gripes turísticas.

Los argumentos alcanzaron para convencer a la mayor parte de los legisladores neuquinos de que un sistema de premios a los docentes cumplidores es una herramienta acorde para iniciar la purga del sistema educativo. Desde los sindicatos docentes, tanto del sector público como privado, la respuesta no demoró en llegar. Tres jornadas de paro y movilizaciones fueron la primera reacción gremial. "Es una ley cargada de prejuicios sobre los trabajadores de la educación" esgrimió el secretario general de ATEN Marcelo Guagliardo.   "Además es inconstitucional" añadió. Los docentes agremiados consideran que la ley implica un camino hacia la precarización laboral ensayada en otras épocas en la provincia.

Marcelo Bermúdez, diputado del Pro, se sumó al debate público sin medias tintas. "Si iniciada la aplicación de la norma la gran mayoría de los docentes adhieren al mecanismo, el sindicato docente se tendrá que esconder bajo la mesa" arremetió el legislador. En ese clima comienza el próximo lunes el conteo de las faltas para otorgar el plus del primer trimestre. No parece un capítulo terminado. Desde el sindicato preparan nuevas medidas de fuerza y el diputado Domínguez llegó a proponer una consulta popular vinculante para cambiar "no solo este proyecto, sino el sistema  educativo en general".

Se trata de un nuevo capítulo sobre un tópico de la época más general. La discusión sobre el rol del Estado y el gasto público goza de especial actualidad en el país, también en la provincia. Durante los últimos años, los defensores de la centralidad del sector público no supieron defenderla desde la buena administración. Los excesivos descuidos de los recursos de todos son evidentes. "Ellos nos dejaron la pelota picando en el área" resume, con metáfora futbolera, un libertario privatizador entusiasmado. El malgasto es un asunto nodal que los nuevos oficialismos se encargan de mantener vigente en la agenda pública cada día. El contraste entre la mala utilización de los recursos públicos y la crisis económica general es tan nítido como la necesidad de un cambio de rumbo. Una evidencia que alimenta el enardecido humor social y sugiere un giro obligado a los gobiernos de cualquier signo político.

Los rumbos posibles...

La buena administración del recurso público ofrece una alternativa. O se avanza en contra del Estado mismo o se intentan nuevos criterios de eficiencia dentro del propio modelo Estado-céntrico. La primera opción es la elegida por el liberalismo extremo que predica el presidente Javier Milei y sus principales colaboradores. Buena parte de los procesos privatizadores aprobados en la "Ley Bases" echan anclas sobre esa denuncia: el malgasto público es inherente a la centralidad del Estado como articulador económico y social. La segunda opción, el progresismo posible de la época, alienta el sendero de la "gestión ordenada". Un decálogo de correcciones que salvarían la esencia de lo público a partir de la austeridad, la transparencia y la justicia distributiva.

El margen para la narrativa de los gremios tradicionales es cada vez más estrecho. Es cierto. El malgasto no es solo el ausentismo, la sobrepoblación del Estado y la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos. Se inscriben en él, una constelación interminable de intereses que dan forma al clientelismo político de "clase alta": la asociación entre el funcionariado público y grandes capitales que pretenden un Estado a merced de sus propios intereses. Por alguna razón, esa dimensión de la corrupción y el malgasto es menos aprehensible para la opinión pública y suele pasar desapercibida. Pero el discurso gremial no hace concesiones y encuentra dificultades para hacer pie en la disyuntiva de la época.

Se avecinan tiempos de cambio. El incentivo al presentismo docente ayuda a describir un renovado clima de época. El contexto exige a las organizaciones políticas y sindicales capacidad de aggiornarse. Abandonar extremos y construir nuevas formas de defender el Estado es una posibilidad que la dirigencia gremial debería contemplar, por lo menos, si quiere evitar el papel residual que la demanda social comienza a otorgarle a los "viejos discursos".