La educación pública como garante de la desigualdad

Algunos años atrás, la educación pública gozaba de una aprobación generalizada en la percepción colectiva. Incluso, entre los sectores medios, quienes decidían enviar a sus hijos a instituciones privadas experimentaban algún sentimiento de culpa y transitaban algunas contradicciones internas. Se trataba de una suerte de traición a las propias raíces. Sobrevolaba un dejo de condena social y una decisión de esa naturaleza ameritaba alguna explicación adicional. Los tiempos han cambiado. Aquel respaldo incondicional al sistema público coexiste, cada vez más, con la decisión individual de migrar hacia la educación privada. "Yo defiendo la educación pública porque hay gente que no puede pagar y tiene derecho a recibirla", es la frase con la cual la mayoría exculpan su posición. Representa el nuevo lugar de lo público en las agendas familiares. Ya no se trata de un valor como tal innegociable. Es una alternativa necesaria para los que menos tienen. Con honrosas excepciones en el nivel universitario, la educación pública se reinterpreta como una instancia de contención para los "sectores en situación de vulnerabilidad social", así llama la dirigencia a los pobres.

Los motivos del declive son muchos, los responsables también. Aunque el papel protagónico recae, sin ninguna ironía, en quienes predican a ultranza la defensa del Estado. Gobiernos y sindicatos dedicaron años al desgaste de uno de los estandartes más importantes de "lo público en Argentina". El menosprecio por el "derecho a la educación" alcanzó un abrumador éxito. La educación pública y gratuita es hoy apenas el consuelo de quienes no alcanzan a pagar el precio de equilibrio que ofrece el mercado.

En Neuquén, "va a terminar julio y van a haber tenido solo tres semanas completas los chicos de secundaria y cuatro semanas completas los de primaria". El dato lo aportó Padres Organizados por la Educación. Describe en una sola frase la situación del sistema público. Paros por renegociación salarial, paro por desacuerdos con la ley Bases, paros en contra del adicional al desarrollo docente, jornadas institucionales, problemas de infraestructura, entre otros, integran el menú de motivos. La discontinuidad en el proceso de formación de niños y adolescentes es sencillamente injustificable. La educación supone un camino de socialización y adquisición de hábitos. Es el primer contacto de los niños con las normas de la vida colectiva. Nada de ello ocurre. Nostalgias ideológicas, pujas de poder o intereses sectoriales, cualquier causa es más importante que los niños en las aulas.

El contraste con la "educación paga" es evidente. Siempre perfectible, la continuidad en el dictado de clases y el acceso a los contenidos es un dato dado en las instituciones privadas. La precariedad del sistema público de educación es hoy garante de la profundización de la brecha social y económica entre los que más y los que menos tienen. La razón de su existencia supone todo lo contrario.

El derrotero de medidas del gobierno neuquinizante

Desde el gobierno neuquinizante la educación ha sido elevada a principal objetivo de gobierno. El primer acto público del gobernador Rolando Figueroa desde su asunción fue la presentación del "Programa de Becas Gregorio Álvarez". Una iniciativa que transfiere recursos públicos y privados (vía aportes empresarios) directos para estudiantes de toda la provincia. El programa alcanza hoy a más de quince mil beneficiarios.

A las ayudas económicas, el gobierno neuquinizante sumó un agresivo programa de infraestructura escolar. "Faltan más de 35 escuelas nuevas en la provincia" detalló la ministra del área Soledad Martínez. Más allá de los edificios faltantes, el "déficit en infraestructura" incluye un sinnúmero de situaciones particulares que impiden el dictado de clases. Esta semana, el gobierno informó que "la totalidad de las escuelas neuquinas están en condiciones de iniciar sus actividades". La mayoría en sus edificios de origen, otras en espacios adecuados hasta que se terminen las reparaciones. Según los registros oficiales, se intervinieron doscientos establecimientos y con una inversión total de mil quinientos millones de pesos.

Al listado de esfuerzos, desde el gobierno agregan las exigencias del contexto. "Nos hicimos cargo de las partidas que el gobierno nacional dejó de enviar". El Fondo Nacional para el Incentivo docente es el más significativo. La recomposición salarial con ajustes trimestrales por IPC y el aumento en las partidas escolares para de comedor, refrigerio, gastos generales y de talleres se suman a las reivindicaciones que el gobierno neuquinizante anota en su haber. Estas últimas habrían aumentado según el registro oficial en 281 por ciento desde el inicio de la nueva gestión de gobierno.

Las últimas iniciativas apuntaron a darle prolijidad al "día a día" del dictado de clases. Por un lado, la Ley 3447, incorpora un "Adicional al Desarrollo Profesional Docente". Se trata de un plus para quienes no registren más de tres faltas por trimestre. Una iniciativa promulgada por el ejecutivo que trasfiere un reconocimiento económico para aquellos docentes que no falten. Un intento de mitigar los niveles de ausentismo en el sistema educativo. El último año, las suplencias costaron a las arcas públicas más de 100 millones de dólares. Por último, y ante las críticas que la iniciativa despertó en algunos sectores gremiales, el gobierno habilitó la posibilidad de renunciar al plus en forma individual a quienes no estén de acuerdo con la medida.

En los próximos días, el poder ejecutivo presentará públicamente un nuevo sistema de gestión de la información que permita monitorear on - line el funcionamiento completo del sistema. Desde las asistencias docentes, pasando por los listados de alumnos y las falencias edilicias, hasta los certificados médicos emitidos por profesionales de la salud.

La posición del gremio docente

Desde ATEN, la lectura de los cambios propuestos por el gobierno es algo diferente. "Habría que mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sistema público de educación" resume Cintia Galetto, secretaria adjunta del gremio docente. Allí radica la posición inicial del discurso sindical. Serían las condiciones en la infraestructura y laborales de fondo las que derivan en los niveles de ausentismo y los desacuerdos fundamentales con el gobierno. "Nos permitimos poner en duda las cifras enormes que se manejan en relación a los certificados médicos y al aumento de las partidas de las que habla el gobierno" agrega.

En concreto, las reivindicaciones gremiales apuntan a la eliminación del "presentismo", el incremento de las partidas y el presupuesto educativo. En cuanto al ámbito de discusión, "es en el Consejo Provincial de Educación" donde se deben discutir las cuestiones referidas al sistema educativo. "Esperamos un gobierno abierto que esté dispuesto a discutir políticas educativas".

Desde ATEN observan una campaña oficial de estigmatización del trabajo docente allí donde el gobierno anuncia intenciones de cambio.

La semana que entra tendrá tres días sin clases para los alumnos. La tensión gobierno - sindicato promete ir en aumento y marcar buena parte de la agenda de los próximos meses en la provincia. Desde el oficialismo se muestran "convencidos de abordar los cambios que nunca se hicieron en nombre de una falsa Paz Social". Las organizaciones gremiales prometen "dar la lucha" a buena parte de aquellas intenciones que consideran estigmatizantes y apoyadas en datos ficticios. Mientras tanto los alumnos y sus familias siguen esperando algo así como "un diálogo sincero y autocrítico" que se anime a devolverle al sistema público de educación su rol igualador de oportunidades.