Cuestionan el protocolo de violencia laboral de Neuquén porque "defiende" al acosador

Los funcionarios Adrián Urrutia exsubsecretario de Diversidad y Ernesto Seguel ex subsecretario de Trabajo del gabinete de Omar Gutierrez el año pasado fueron denunciados por abuso sexual y acoso. Tras estas denuncias el gobierno presentó un protocolo de violencia laboral de aplicación obligatoria para quienes se desempeñen en el Poder Ejecutivo. La colectiva feminista "La Revuelta" y el espacio "Socorro Violeta" presentaron su reclamo al ejecutivo, ya que consideran que no prevé sanciones a los acosadores entre otros puntos.

Uno de los puntos más problemáticos es que no fija ningún tipo de sanción para el acosador. Y esto es una aclara violación a las directivas establecidas, por ejemplo, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención de Belem do Pará.

Además, explicaron en el reclamo presentado que "Concretamente no resulta ni serio ni efectivo un esquema de conformación y funcionamiento de los órganos de aplicación en el cual el sujeto controlado seleccione al sujeto controlante y donde además el sujeto controlado tenga la potestad de destituir al controlante a su mero arbitrio, siendo evidente que ese esquema está más bien destinado a justificar las formas de ejercicio del poder del gobernante de turno que a garantizar la legalidad".

Punto por punto los cuestionamientos:

• No respeta lineamientos legales mínimos que se deben tener en cuenta para este tipo de instrumentos.

• Incurre en una serie de abordajes erróneos, disvaliosos.

• De aplicarse tendrá consecuencias negativas sobre la plena vigencia de los derechos de las personas que trabajan en la provincia del Neuquén.

• Omite la regulación de pautas sancionatorias que constituye una violación a las directivas establecidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención de Belem do Pará; Convenio 190 de OIT; Ley 26485.

• Crea estructuras ("El equipo" y "La comisión") que no revisten los grados necesarios y mínimos de independencia para garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia y el acoso en los ámbitos laborales. No resulta ni serio ni efectivo un esquema de conformación y funcionamiento de los órganos de aplicación en el cual el sujeto controlado seleccione al sujeto controlante y donde además el sujeto controlado tenga la potestad de destituir al controlante.

• Genera violencia porque excluye en el Art. 9 formas clásicas de violencia laboral acoso y/o sus consecuencias en el ambiente de trabajo, las invisibiliza y las identifica como meros "conflictos laborales".

• Afecta los principios de publicidad y transparencia. El secreto y la confidencialidad respecto de agresores/as resulta innecesario, expande el campo de impunidad, crea espacios de indefensión para la víctima, favorece la impunidad e invisibilización.

• Fija pautas procedimentales que resultan incompatibles con los principios de celeridad, sencillez y eficiencia.

• Los niveles de improvisación con los que se creó el "Protocolo" quedan demostrados en redacciones contradictorias, absurdas y en remisiones a textos normativos inexistentes.

En cuanto a la confidencialidad del trámite, resaltaron que esto puede traducirse en una suerte de impunidad, ya que la persona agresora puede aprovechar el "anonimato y el secreto" para continuar ejerciendo violencia.

Por último, señalaron que el "protocolo" sancionado no solo no es útil a los fines proclamados, sino que además es una propicia herramienta para incrementar la violencia en el ámbito del trabajo y favorecer su impunidad e invisibilización".

Fuente: La Revuelta