Ministra de Salud de Neuquén, en la mira de la Justicia Federal por abandonar presos

El juez federal Gustavo Villanueva ordenó multar a la ministra de Salud, Andrea Peve, por la tardanza en otorgar turnos para la atención solicitada desde 2.022 por más de un centenar de internos de la cárcel de Senillosa.

El llamado de atención forma parte de un fallo judicial que salió a mitad del año pasado, donde Villanueva consideró que las condiciones de detención de los internos federales en Senillosa estaba agravada por la falta de acceso a la salud en el penal y porque no pueden acceder al sistema público provincial.

El sistema cuenta con pocos médicos generalistas en el penal federal y sin atención especializada, por ejemplo, para detenidos con diabetes, con problemas urológicos, problemas en la atención de infectología y de psiquiatría, por lo que se solicitó la atención extra muros para las especialidades. Pero sólo 8 internos accedieron a turnos, de más de 300 turnos solicitados en el sistema provincial.

En una sentencia que trascendió la semana pasada, Villanueva destacó que el 15 de marzo notificó al ministerio de Salud de la provincia que los informes requeridos para cumplir con la atención sanitaria de internos de la cárcel federal fueron complidos a medias (en forma parcial) y que le multaría con 1.000 pesos diarios hasta que se destrabe la gestión.

Sin embargo, una semana después apercibió nuevamente con astreintes (de 1.500 pesos por día) con la orden de que debía ser abonado por "la persona encargada de la tramitación de la información requerida, hasta que se de cumplimiento de la manda impuesta".

Desde el ministerio de Salud, se emitió un comunicado en el que se aclaró que desde diciembre del año pasado se capacitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para el uso del sistema ANDES (su desconocimiento fue parte el problema en la instrumentación de turnos) además de un manual de procedimiento, "información ratificada en el oficio del 21 de marzo", puntualizó en su descargo. No se mencionaron los astreintes aplicados por el juez.

Se agregó que mientras se trabaja en el convenio marco de cooperación con el Complejo Penitenciario Federal V, se decidió que un "equipo itinerante de salud" asista al penal federal.

Más de 500 internos están alojados en Senillosa. Como el personal sanitario es generalista, Villanueva consideró que la falta de acceso a especialistas consistió en un "agravamiento de sus condiciones de detención".

Como antecedente, se cuenta con la muerte de dos condenados que sólo tuvieron atención generalista y fallecieron por un agravamiento del cáncer y falta de medicación específica para HIV, respectivamente.

Fuente Río Negro