Disputa entre Provincia y Nación por el manejo de las represas

En el mes de agosto, se vencerán los contratos firmados hace 30 años sobre la administración de las centrales hidroeléctricas, ubicadas en Neuquén y Río Negro. 

El contrato de concesión, firmado en 1993, para las represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, establece que las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, el Estado Nacional.

El Gobierno Nacional decidió no renovar las concesiones a partir de agosto. A ciencia cierta, no hubo comunicación oficial, sino que esta información fue expresada por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, en el marco del coloquio IDEA, realizado días atrás en Neuquén. 

La secretaria de Energía, Flavia Royon, instruyó a Enarsa para que asuma transitoriamente la operación de represas, ubicadas en Río Negro y Neuquén. 

Nación sostiene que las represas son de índole nacional porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que las provincias se aferran a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que estableció que los recursos naturales son de las provincias.

Las represas hidroeléctricas en disputa son Alicurá -operada por la empresa AES Argentina; El Chocón y Arroyito, administradas por Enel Generación; Planicie Banderita, gerenciada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto.

La discusión esconde también una cuestión que no es menor, como es la de las regalías: Neuquén exige una devolución de regalías hidroeléctricas que van desde agosto de 2016 hasta julio de 2021, y supera los 1.164 millones de pesos.

Frente a este escenario, desde la provincia de Neuquén, no descartaron la posibilidad de presentarse ante la justicia. El gobernador, Omar Gutiérrez declaró que "estamos planteando una agenda de diálogo para consensuar y acordar, pero esta medida es inconsulta, arbitraria, ilegítima y anticonstitucional".

"Esto implica un avasallamiento de las autonomías provinciales", manifestó Gutiérrez.

Por su parte, el vicepresidente de la Legislatura y diputado provincial, Mariano Mansilla, anunció que iniciará acciones legales contra la Secretaría de Energía de Nación por otorgarle a ENARSA la administración de las represas hidroeléctricas neuquinas a partir del próximo 7 de agosto.

"Dentro de tres o cuatro días, va a haber una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia, que es una acción aclarativa de certeza y un amparo en la Justicia Federal Local", confirmó Mansilla.

Mansilla insistió en que dentro de la resolución que tomó la secretaría de Energía de la Nación "no se mencionó que Neuquén y Río Negro son los propietarios de los ríos" y que remarcó que se elevaron "proyectos en conjunto con las provincias para poder administrar las seis represas que generan más de un tercio de la energía eléctrica del país".

En la misma línea, la junta de Gobierno del MPN, emitió por redes sociales un comunicado en donde expresan su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional y le exigen que den marcha atrás con las resoluciones a las que, igual que el gobernador Gutiérrez, catalogan de ilegítimas, e inconstitucionales.

"Si el gobierno Nacional no corrige su postura, Neuquén y sus habitantes se verán perjudicados por una decisión centralista, ilegal, arbitraria y desleal que se tomó a más de mil kilómetros de distancia, cuando la Provincia pugnaba por una audiencia en la cual exponer su derecho de ingresar en la administración de las hidroeléctricas. Los argumentos sobran, pero en Buenos Aires no los quisieron oír", destacan en el comunicado.

También desde Juntos por el Cambio en Neuquén manifestaron su malestar al respecto de la situación. El diputado neuquino, Cesar Gass aseguró que nunca pensó que se iba a "vulnerar el federalismo de esta manera" y expresó que "a las provincias ni siquiera se las llama para hablar ni consensuar".

"No sé en qué está pensando el Gobierno nacional. No tiene ningún plan energético, y menos para esto, así que no sé qué consecuencias va a tener", sentenció Gass.

Elias Sapag, representante de Neuquén en la AIC y presidente de Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del Neuquén (EMHIDRO) aseguró que antes de que Nación tome alguna decisión se debe tener un debate que incluya a las provincias, y respecto a los representantes del Gobierno Nacional, afirmó que "no ha leído la constitución, no respeta las leyes".

Sapag explicó que en el artículo 124 de la Constitución Nacional se deja expresado que los recursos naturales pertenecen a cada provincia y que, a partir de allí, se pueden aplicar leyes de concesión. "No tengo ningún problema con que Nación se quede con las represas que generan energía y que le pongan el precio que quieran, pero nos tienen que dar a nosotros lo que corresponde, que es la concesión".

"La esencia de este conflicto es la falta de diálogo y la falta de respeto de Nación con las provincias de Neuquén y Río Negro", manifestó Sapag.

Fue el senador nacional del Frente de Todos por Neuquén, Oscar Parrilli, quien salió a responderle al representante de la AIC. Según el senador, él mismo le envió en noviembre el proyecto a Sapag para que Enarsa se hiciera cargo de las represas, pero con la participación de las provincias. Y aseguró que, a principios de año, le pidió al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, de quién también depende la secretaria de Energía, que se tuviera en cuenta la participación de las provincias.

"Sapag lo sabía, o no leyó el proyecto cuando se lo mandé o no tiene comprensión de texto, lee, pero no sabe lo que lee", aseguró Parrilli.

Finalmente, el funcionario nacional expresó que tanto Río Negro como Neuquén deben tener participación y volvió a acusar a Elías Sapag de hablar en su contra para "tener protagonismo y salir en el diario".