Inició el juicio por contaminación en el basural de San Martín de los Andes

Este miércoles comenzó el juicio a tres personas por el vertido de barros cloacales sin tratamiento. El predio en cuestión está ubicado en una cantera agotada de San Martín de los Andes que estaba destinado a relleno sanitario con residuos domiciliarios.

Los acusados del delito de contaminación son dos hombres, propietarios de la empresa que explotó la cantera y luego operó el predio del relleno sanitario y Julieta Muñíz Saavedra, quien como coordinadora general del Organismo de Control Municipal tenía a su cargo la supervisión y los controles.

Según los pronósticos de la fiscalía al menos una semana de audiencias, con 25 testigos aportados por la fiscalía, que apunta a demostrar que el accionar de las tres personas imputadas se encuadra en el delito de contaminación peligrosa para la Salud Pública, y en el caso de la mujer, se le suma el incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

El fiscal en Jefe Maximiliano Breide Obeid, que interviene en el proceso junto a la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Ambientales Julieta González, explicó que los hechos fueron cometidos durante un lapso aproximado de dos años. Ocurrieron en el predio ubicado en el kilómetro 2224 de la Ruta 40, propiedad de una empresa propiedad de los dos hombres imputados. Según la investigación que desarrolló la fiscalía de Delitos Ambientales, en ese lugar había funcionado una cantera y, mediante un convenio con la Municipalidad, se había autorizado un relleno sanitario con residuos domiciliarios.

A partir de 2014, en las inmediaciones se desarrollaron proyectos de viviendas y se conformó un sector de barrios denominado Cordones del Chapelco, y a partir de malos olores y problemas derivados del vertido de basura, se llegó a una resolución judicial que dispuso el cierre del relleno en 2017. Fue en ese momento, afirmó el fiscal, que "la Municipalidad, en cabeza de la funcionaria acusada, y los acusados, en representación de la empresa, no tuvieron mejor idea que a esa situación, a ese lugar, arrojarle residuos cloacales". El predio se cerró recién dos años más tarde, con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Por último, lo que intentará probar la fiscalía durante el juicio es que durante ese tiempo, entre 2017 y 2019, se arrojaron barros provenientes de líquidos cloacales sin tratamiento perjudicando la salud pública y el medio ambiente.

Fuente: MPFN