Un hombre vendió un loro hablador y tuvo que cumplir tareas comunitarias
La compradora pagó $7500 por el animal en julio de 2019.
Un vecino de Cipolletti, identificado como Juan Arévalo, logró evitar una condena penal después de vender un ejemplar de "Amazona Aestiva", comúnmente conocido como loro hablador, en una transacción que tuvo lugar en julio de 2019. El individuo vendió el ave por la suma de $7.500 a una compradora llamada Jessica Meza, desencadenando un proceso legal debido a la prohibición de la comercialización de estas aves y su estatus como especie protegida.
El fallo judicial describió que Arévalo estaba consciente de que el loro pertenecía a una especie obtenida ilegalmente o a través de depredación, y que su venta estaba prohibida según las Leyes Nacionales Nro. 22.421 y la Ley Provincial Q 2056, que protegen a la fauna silvestre.
Arévalo enfrentó una imputación por el delito de venta ilegal de animales protegidos por la Ley de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. Sin embargo, en octubre de 2020, se le otorgó la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, por un período de dos años, con diversas medidas de comportamiento.
La fiscal Yesica Montenegro propuso que Arévalo completara un curso sobre la ley de protección de fauna silvestre y realizara una reparación económica o bien, cumpliera con 50 horas de trabajo no remunerado en una institución de bien público.
Además, debía fijar domicilio y no mudarse sin notificarlo, presentarse regularmente en la Oficina Judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.
El defensor particular, Carlos Masante, respaldó el acuerdo pero solicitó que Arévalo cumpliera con 30 horas de trabajo comunitario en lugar de las 50 propuestas, lo cual fue aceptado por la Fiscalía.
Al finalizar el período estipulado y habiendo cumplido en general con las pautas impuestas, la fiscal Rocío Guiñazu Alaniz, quien actuó en la instancia, solicitó el sobreseimiento, una solicitud que fue respaldada por la defensa.
La jueza Sonia Martín emitió el fallo en concordancia con estas peticiones y declaró que el proceso "no afecta el buen nombre y honor del imputado", según lo establecido en el Código Penal.
Fuente: Medios
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