Política

Las provincias unidas del sur

Santiago Montórfano

Esta semana, los mandatarios de la patagonia agregaron un nuevo capítulo al proceso de regionalización. El fundamento jurídico lo brinda la constitución nacional: "Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social". Así comienza el famoso artículo 124 de la carta magna que atribuye además la propiedad a las provincias de sus recursos naturales. Sentados delante de una pantalla que decía en grande "Las provincias unidas del sur", los seis gobernadores patagónicos hicieron públicas sus pretensiones: federalismo fiscal, economía real, seguridad jurídica y diálogo constructivo.

Las provincias unidas del sur

El argumento económico consistió en el repaso contable de lo que la región produce: "98 por ciento del gas, el 87 del petróleo, el 71 de la energía eólica, el 27 de la energía hidroeléctrica". Durante las alocuciones, los mandatarios se encargaron de aclara que las provincias no son las responsables del déficit nacional, y solo una mínima parte de los 411 mil millones de dólares que debe la Argentina pueden ser cargadas en alguna culpa de las provincias. "Las provincias aportamos mucho a la nación y recibimos muy poco", fue el resumen que varios de los oradores repitieron al micrófono.

Sin embrago, la apuesta fue un poco más allá de buscar la congoja del gobierno libertario. Los riesgos que corre la legitimidad de Javier Milei no están en el camino hacia el déficit cero sino después de él. "No alcanza con el déficit cero" advirtieron los mandatarios patagónicos. 

Si la economía real no despega tras el ordenamiento de las cuentas públicas, la fuerza del modelo mostrará su corto alcance y pondrá a prueba su propia sustentabilidad económica y social. Por ello, las inversiones en infraestructura productiva, junto a la seguridad jurídica y la viabilidad política, deberían aparecer como constantes "no negociables". Se trata de reducir el gasto público, no la inversión. Una diferencia que el programa libertario no parece tener en cuenta. La asociación inmediata entre orden fiscal y "lluvia de dólares" es un acto de Fe que acompañó a Mauricio Macri hasta su ocaso gubernamental. Es allí donde los mandatarios patagónicos exigen la continuidad de obras públicas esenciales para la producción y el acceso a crédito internacional. Dos vías de financiamiento que aparecen como condición de posibilidad para el desarrollo. "Si esto no termina en producción y empleo nos sacan de vuelo" confesó en una charla-off un libertario de la región. "Es lo que estamos tratando de explicarles" respondió un alto funcionario provincial.

Las provincias unidas del sur

El tramo final de la gesta patagónica consistió en mostrar algo de fuerza institucional frente a las negociaciones venideras. "Tenemos 30 senadores y 18 diputados nacionales" argumentaron los mandatarios. La cuenta se apoya en la inauguración del "Foro de Legisladores Patagónicos". Una instancia en la cual los legisladores de las seis provincias suspenderían sus pertenencias partidarias para adherirse a la defensa regional. Una apuesta que por ahora genera más dudas que certezas. Legisladores de todas las provincias patagónicas se apuraron esta semana a condicionar su participación. Ni los representantes "kirchneristas" se mostraron dispuestos a votar la nueva versión de la ley ómnibus, ni los libertarios a entrar en tensiones con los mandatos del gobierno central. Será cuestión de tejer con destreza artesanal y contar de nuevo.

La reunión en la casa rosada

Lejos de recoger la discusión sobre las profundidades del modelo, el gobierno central invitó a los gobernadores de todo el país a la casa rosada. Allí, maquillado de nueva política, comenzó el toma y daca tradicional. Oxígeno financiero a cambio de la aprobación de una nueva versión de la ley ómnibus.

Las provincias unidas del sur

Al gobierno libertario le interesan tres puntos fundamentales: la delegación de facultades, la reforma previsional y la privatización de empresas públicas. A cambio, la restitución de masa coparticipable a partir de revivir el impuesto a las ganancias. Los gobernadores, poco interesados en pagar semejante costo político, ensayan propuestas alternativas: coparticipar el impuesto país, el impuesto al cheque o inaugurar nuevas vías de recaudación. Lejos queda la rediscusión de una nueva ley convenio de la coparticipación que seguirá esperando en los pendientes de la política argentina.

Por ahora, dos comisiones de trabajo absorberán el día a día del largo camino hacia el pacto de mayo. Una fecha clave para el gobierno que puede significar su primer hito fundacional o cargar sobre sus espaldas un vacío político difícil de revertir. Dependerá del bisturí, con el cual, los operadores del oficialismo intentan construir mayorías parlamentarias y respaldos provinciales sin sacrificar los fundamentos del programa liberal.

A tres meses de la asunción de Javier Milei, el esquema de alianzas en la política argentina es un gran signo de preguntas. Las circunstancias irán obligando posicionamientos a todos los actores. El camino hacia el pacto nacional promete recodos y exige claridad política a la dirigencia frente a una sociedad que la pasa mal y espera. 

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