Semana clave para todos. La política en una ley
El próximo miércoles el tablero de la política argentina comienza su nuevo ciclo. De un lado, la todavía desorganizada resistencia de sindicatos, movimientos sociales y gajos de peronismo. Del otro, el experimento liberal libertario que sorprendió en Davos al mundo entero. En el medio, cuatrocientas páginas de reformas legislativas que el congreso nacional discute y negocia a gran velocidad. Será una singularidad del mes de enero. Generalmente tranquilo y vacacional, esta vez el periodo estival ofrece un panorama revuelto de consecuencias difíciles de discernir con claridad. Como en el famoso juego infantil, en el camino del ajuste, cada cual atiende su juego.
El plano político...
El expediente de 366 artículos que contiene la "ley ómnibus" sufre por estas horas el deshoje previsible. El gobierno nacional intenta a través de sus interlocutores alcanzar la media sanción en diputados sin resignar los puntos esenciales del único objetivo no negociable: el déficit cero. El "peronismo k" denuncia el ajuste e intenta revivir la mística dilapidada durante los años de Alberto. El radicalismo y el Pro le piden al gobierno modificaciones que ayuden a exculpar su voto positivo. El centro de la escena es para el determinante bloque de opositores reciclados liderado por el rionegrino Miguel Ángel Pichetto. Los puntos más calientes de la negociación se concentran en la reforma previsional, las retenciones que afectan a las economías regionales, las privatizaciones y los plazos de la delegación de facultades extraordinarias al poder ejecutivo. Purgados esos "detalles", el gobierno de Javier Milei obtendría el primer triunfo legislativo y oxígeno para liquidar el pleito en el senado.
La legítima defensa de los gobernadores
Desde las provincias cada uno se defiende como puede. Dos encuentros marcaron la agenda de legítima defensa que los gobernadores ensayan frente a las pretensiones de la casa rosada. Por un lado, la "liga de gobernadores patagónicos" cerró filas desde un encuentro realizado en la localidad de Villa la Angostura. Con excepción del gobernador de Santa Cruz, los mandatarios sureños se hicieron presentes y emitieron un documento defendiendo el federalismo.
"Los gobernadores patagónicos que aportamos más del 90% de los hidrocarburos del país, le pedimos al congreso que no se avance en nada sin el trabajo con las provincias y con la Ofephi". La frese corresponde al chubutense Gustavo Melella y resume el espíritu de cuerpo que los mandatarios sellaron en el sur neuquino. "La letra muerta del artículo 98 se pasaba por alto el 124 de la Constitución y la ley corta" puntualizó el gobernador neuquino Rolando Figueroa. Es que las medidas de Milei, en modo "error de tipeo" pretenden recortar las autonomías subnacionales en nombre de la libertad. Un rasgo rápidamente advertido por los mandatarios provinciales que obligó a una defensa corporativa para poder seguir teniendo algo que ver con la administración de sus propios recursos.
De aquel encuentro nació una instancia ampliada integrada por los miembros de las provincias productoras de hidrocarburos aglutinadas en la Ofephi. Sumando precisiones a la estrategia trazada en el Messidor, el documento publicado por la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, observó más de treinta artículos a la mega ley libertaria. Las molestias más salientes surgen de las intenciones unitarias que el gobierno nacional desnuda frente a los procesos de licitación, la incidencia en los términos de las concesiones y las retenciones al sector. Al respecto, el documento firmado por los presentes denuncia la quita de poder en el proceso decisorio sobre la explotación de los recursos naturales que el proyecto de ley sugiere. La derogación de la capacidad de las provincias para prorrogar concesiones es tal vez el punto más significativo. Todo, en rigor, se trata de una disputa de intereses económicos cada vez menos implícita. Los gobernadores de la Ofephi pretenden hacer valer su influencia en el legislativo nacional y aclaran que su adhesión se encuentra condicionada, en modo excluyente, por los beneficios que la explotación económica del subsuelo signifique para cada una de las provincias. De no mediar acuerdo, el asunto podría terminar judicializado. Todas malas noticias para un mercado competitivo, que nutre de divisas a un país que las necesita y que requiere para ello evitar conflictos, transmitir previsibilidad y ofrecer seguridad jurídica ante los ojos de actuales y potenciales inversores.
Gaido y el reclamo de "lo que corresponde"
Quién tampoco tardó en alzar la voz fue el intendente de la ciudad de Neuquén Mariano Gaido. Suspendidos los fondos nacionales para obras, el mandatario capitalino hizo cuentas y argumentó: "En diciembre nos notificó Nación que se terminaba la obra pública nacional, y eso es una decisión que nos afecta, que hace un daño terrible a la ciudad". El marco lo aportó un auditorio lleno de beneficiarios de "loteos con servicios", una de las política de mayor contundencia en la gestión del intendente. Gaido explicó a los vecinos la situación, garantizó la continuidad de la iniciativa y aprovechó para reclamar a nación "lo que nos corresponde". "De cada 10 pesos que Neuquén brinda al país en impuestos nos devuelven 5, queremos esos 10, ni más ni menos". La cuenta por sencilla no deja de ser un argumento válido para los días que corren. A la puja entre la capital neuquina y la rosada se sumará una nueva disputa en los próximos meses, la desaparición preanunciada por el gobierno nacional de los subsidios al transporte. Toda una pulseada que el municipio decidió responder sin titubeos.
Lo que viene...
Así las cosas, la semana que inicia estará cargada de tensiones entre nación, provincias y municipios. Arderán los teléfonos y cada punto y coma en la redacción del proyecto de ley, moverá a favor o en contra de cada uno miles de millones. Contra reloj, la política entra en el terreno que mejor la caracteriza. Un toma y daca plagado de picardías, negociaciones y disputas de poder que devolverá al pueblo argentino un rumbo escrito y firmado por sus representantes. La profundidad dependerá de la nueva relación de fuerzas que gobernará el país durante los próximos cuatro años.
