Un conflicto por la ocupación de un terreno privado ubicado frente al río Limay, en la ciudad de Neuquén, lleva casi una década sin resolución. El predio, conocido como “Tronador al Fondo” y denominado por sus habitantes como “Barrio Orillas del Limay”, comenzó a ser utilizado años atrás por un grupo reducido de familias y actualmente alberga a más de un centenar.
El sector se encuentra entre el club de la Mutual de Policía (Unipol) y la rotonda de la calle Obrero Argentino, en una zona que con el crecimiento del Paseo Costero adquirió un alto valor urbano y turístico.
Con el paso de los años, las viviendas se multiplicaron y también aparecieron kioscos, puestos de venta de comida y otras actividades comerciales. El crecimiento se produjo mientras continúa abierto un proceso judicial iniciado por los propietarios del inmueble para recuperar el terreno.
La situación también plantea un problema social y ambiental. Las familias que viven allí no cuentan con títulos de propiedad ni con acceso formal a servicios básicos y, según consta en las denuncias realizadas por los dueños, en distintos sectores se habrían producido movimientos de suelo y rellenos de lagunas y humedales.
De cinco familias a más de 100
El terreno fue adquirido por Fernando Alric y sus hijos, Claudio Javier y Pablo Adrián Alric, mediante una subasta judicial realizada el 25 de noviembre de 2015, en el marco de la sucesión de la familia Corsino, vinculada a la explotación de una cantera que funcionaba en el lugar.
Cuando se concretó la operación, el predio estaba ocupado por aproximadamente cinco familias, relacionadas con personas que criaban animales en el sector. Según los antecedentes incorporados al expediente, el anterior propietario, Pedro Rogelio Corsino, les había permitido permanecer en el lugar a modo de préstamo.
La subasta fue aprobada judicialmente en mayo de 2019 y, una vez que los compradores pagaron el precio y el inmueble quedó registrado a su nombre, solicitaron la restitución del terreno.
La demanda de desalojo fue presentada en noviembre de 2020. Para entonces, la situación ya había cambiado: se contabilizaban 21 viviendas y unas 25 familias instaladas en el predio. Desde entonces, la cantidad de construcciones y habitantes continuó creciendo.
Un conflicto que lleva años en la Justicia
El abogado de los propietarios, Pablo Valenzuela, explicó que el proceso judicial lleva casi seis años y que todavía no existe una sentencia que ordene el desalojo.
El letrado remarcó que los ocupantes tuvieron la posibilidad de presentarse en el expediente, ejercer su defensa y ofrecer pruebas. “No existe actualmente una orden de lanzamiento. Todos los ocupantes tuvieron la posibilidad de presentarse, contar con asistencia jurídica, ejercer sus defensas y ofrecer prueba”, señaló.
Desde la representación de los propietarios reconocen que existe una problemática social y habitacional, pero sostienen que esa situación no puede resolverse mediante la ocupación y comercialización informal de terrenos privados.
“La obligación de brindar soluciones habitacionales corresponde al Estado y no puede trasladarse exclusivamente a propietarios particulares”, planteó Valenzuela.
Denuncias por nuevas construcciones y relleno de humedales
En 2021, una resolución judicial estableció que los demandados debían abstenerse de realizar nuevas construcciones o mejoras en el inmueble mientras avanzaba el proceso. Según los propietarios, esa disposición fue incumplida en reiteradas oportunidades.
Desde entonces denunciaron la aparición de nuevas viviendas, subdivisiones informales, movimientos de suelo, ingreso de maquinaria y presencia de trabajadores en distintos sectores del terreno.
También realizaron presentaciones vinculadas con el relleno de sectores naturales. De acuerdo con las denuncias, desde diciembre de 2023 se detectaron tareas de relleno de lagunas, bajos y humedales con basura, escombros y otros residuos.
El 27 de marzo de 2025 se presentó una denuncia específica por el presunto incumplimiento de la prohibición judicial de innovar.
La situación ambiental suma otro elemento al conflicto, ya que el asentamiento se encuentra en un área próxima al río Limay y con características de terreno inundable.
Qué pasó con el desalojo
Uno de los puntos que incidió en el desarrollo del expediente fue la incorporación del sector “Tronador al Fondo” al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En 2024, algunos de los demandados solicitaron que se suspendiera el proceso a partir de esa inscripción. La certificación del RENABAP señalaba entonces la existencia de 13 familias, aunque ese relevamiento administrativo no necesariamente representa la cantidad actual de habitantes.
La Cámara de Apelaciones resolvió que el proceso judicial podía continuar. También señaló que la legislación vinculada con los barrios populares podía ser considerada al momento de evaluar una eventual ejecución material de un desalojo, pero que no impedía avanzar hacia una sentencia definitiva.
De esta manera, el expediente continuó con notificaciones, contestaciones y producción de pruebas, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre la restitución del inmueble.
Un asentamiento en una zona privilegiada de Neuquén
Mientras el expediente judicial continúa, el sector experimentó una transformación importante. Lo que originalmente era una zona de chancherías, lagunas y humedales, ocupada por un pequeño grupo de familias, se convirtió en un asentamiento con numerosas viviendas ubicado a pocos metros del Paseo Costero y con una de las vistas más privilegiadas de la ciudad hacia el río Limay.
El crecimiento urbano de los últimos años incrementó el valor estratégico de la zona, al mismo tiempo que dejó expuestas las condiciones de vulnerabilidad de quienes viven allí.
La falta de títulos impide el acceso formal a servicios como agua, electricidad, cloacas, asfalto y recolección de residuos. En algunos sectores existen conexiones eléctricas clandestinas que representan un riesgo para los habitantes.
Así, el conflicto reúne tres dimensiones que continúan sin una solución definitiva: el reclamo de los propietarios por recuperar el terreno, la situación habitacional de las familias y la preservación ambiental de un área cercana al río Limay.
Después de casi seis años de proceso judicial, los propietarios reclaman que la Justicia dicte finalmente una sentencia y defina el futuro del predio.
Fuente: Medios
