El registro, de aproximadamente 30 segundos, muestra el momento en que cuatro policías trasladan a Galeano desde la guardia hacia el sector de estacionamiento de ambulancias. El hombre aparece esposado, con las manos detrás de la espalda y boca abajo, mientras pide ayuda. Según la acusación, durante ese trayecto un efectivo le tiró del pelo y otro le dio una patada en la zona genital.
El video forma parte de los elementos que analiza la investigación, aunque no había sido presentado como evidencia audiovisual durante la audiencia de imputación. Su contenido coincide, de acuerdo con la acusación, con el relato de una testigo que se encontraba en el exterior del hospital.
Una intervención que terminó en una muerte
Galeano había llegado al Heller alrededor de la 1:24 de la madrugada, descalzo y vestido con bermudas y una remera. Según los testimonios incorporados a la causa, atravesaba una crisis y llevaba un cuchillo en la mano derecha mientras golpeaba ventanillas y pedía ayuda.
Personal de seguridad dio aviso a la Policía. Los efectivos Gino Edgardo Facci y Marcelo Alejandro Orellana ingresaron por la guardia y lo apuntaron con sus armas. De acuerdo con la plataforma fáctica de la acusación, Galeano dejó voluntariamente el cuchillo y posteriormente fue reducido por los policías.
Las partes acusadoras sostienen que durante esas maniobras sufrió fracturas de costillas y del esternón, lesiones que provocaron un traumatismo torácico grave y un neumotórax.
Luego arribaron más efectivos y Galeano fue esposado. Según la acusación, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico participaron del traslado en posición decúbito prono, es decir, boca abajo, una postura que habría agravado las lesiones ya existentes.
La investigación sostiene además que, una vez producidas las lesiones, continuaron las maniobras de reducción y traslado sin que se procurara asistencia médica inmediata.
“Gorila, me quieren matar”
Uno de los elementos que cobra especial relevancia con el nuevo registro son los gritos de auxilio de Galeano durante el traslado.
En las imágenes se lo escucha exclamar: “Gorila, me quieren matar”. Según explicó su hermano Wildo, “Gorila” era el apodo de su cuñado, hermano de la pareja de Galeano, a quien habría intentado pedir ayuda.
La acusación sostiene que Galeano también manifestó que no podía respirar y que, pese a ello, permaneció inmovilizado boca abajo.
De acuerdo con la Fiscalía, permaneció aproximadamente 15 minutos en el exterior del hospital. Luego, los policías Daniel Alejandro Reyes y Sabino Severino Barros lo trasladaron nuevamente hacia la guardia, otra vez en posición decúbito prono y esposado.
Una vez en el pasillo, Galeano quedó tendido boca abajo y recién entonces le retiraron las esposas. Reyes avisó a una administrativa y dos camilleros constataron que no presentaba signos vitales. Los médicos realizaron maniobras de RCP en el shockroom, pero no lograron reanimarlo. La muerte fue constatada a las 2:35.
Tortura o exceso en el cumplimiento del deber
El punto central de la causa no está solamente en determinar qué ocurrió durante la intervención, sino en establecer cómo debe calificarse jurídicamente esa conducta.
La fiscal de Homicidios Lorena Juárez solicitó la acusación de seis policías por homicidio simple cometido en exceso del cumplimiento del deber. La querella, que representa a los hijos de Galeano, coincidió con la descripción de los hechos, pero planteó una calificación diferente: torturas seguidas de muerte, en carácter de coautores.
Para la querella, Galeano ya se encontraba privado de su libertad cuando fue sometido a una sucesión de acciones violentas que le provocaron sufrimiento físico y psíquico. Entre ellas menciona las maniobras de reducción, las fracturas, la posición boca abajo, el traslado esposado, el tirón de pelo, la patada en los genitales, la supuesta patada en la cabeza y la falta de asistencia médica inmediata.
La Fiscalía, en cambio, entiende que los policías excedieron los límites de una intervención legítima y que las maniobras utilizadas provocaron las lesiones que terminaron causando la muerte.
Qué dicen las pericias
La perito de la Fiscalía y exintegrante de la Policía, Julia Villalba, analizó las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital y encontró compatibilidad y plausibilidad entre las maniobras observadas y las lesiones constatadas. Sin embargo, no identificó a policías determinados como responsables de cada lesión.
Entre los elementos médicos incorporados a la causa figuran las fracturas costales y del esternón y el traumatismo torácico grave que derivó en un neumotórax.
Ante la complejidad del caso, la Fiscalía solicitó que se aplique el Protocolo de Minnesota, previsto para investigar muertes ocurridas bajo custodia estatal, y que una pericia sea realizada por la Policía Federal sobre la autopsia y los aproximadamente 620 fragmentos de video incorporados al expediente.
También pidió que la investigación sea considerada como un caso complejo y tenga un plazo de un año, debido a que la intervención de la fuerza federal podría demorar entre ocho y diez meses.
El protocolo policial, otro eje de la investigación
Durante la audiencia también se analizó si las maniobras utilizadas se correspondían con los protocolos de actuación policial. Según la declaración del sargento Matías Vázquez, las técnicas de reducción deben evitar zonas sensibles y órganos internos y no deben ejercer presión sobre el pecho porque pueden comprometer la respiración.
El especialista también señaló que, una vez neutralizada una persona armada, las técnicas deben modificarse y que no deben utilizarse procedimientos destinados a provocar sufrimiento. En situaciones vinculadas con crisis de salud mental, indicó que debe solicitarse la intervención del personal médico y evaluar la colocación de un sedante.
En el caso de Galeano existe un elemento que será clave para esa discusión: según la acusación, había dejado el cuchillo antes de que avanzaran las maniobras de reducción y se encontraba dentro de un hospital pidiendo ayuda.
La postura de las defensas
Las defensas sostuvieron que los policías acudieron ante una persona alterada que inicialmente portaba un arma blanca y que la intervención tuvo como objetivo controlar la situación.
También cuestionaron que pudiera atribuirse a los efectivos la intención de provocar el resultado fatal y, en algunos casos, plantearon que sus defendidos no participaron de las maniobras que ocasionaron las lesiones.
El juez Luciano Hermosilla resolvió imputar a Facci, Orellana, Ontiveros y Torrico, mientras que no hizo lugar a la acusación contra Reyes y Barros en esta instancia. Consideró que, de acuerdo con la acusación fiscal, no había evidencia suficiente para sostener el homicidio en exceso del cumplimiento del deber respecto de estos últimos. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de una eventual imputación si aparecieran nuevos elementos.
La investigación continuará ahora con el objetivo de determinar qué hizo cada efectivo, qué objetivo tenía cada maniobra, si existía una resistencia que justificara continuar con la reducción y qué podían prever los policías respecto de las consecuencias de sus acciones.
En ese contexto, el nuevo video vuelve a colocar en el centro de la causa una pregunta que será determinante para la definición jurídica: ¿cuándo una intervención policial deja de ser una reducción legítima o un exceso en el uso de la fuerza y puede convertirse en un acto de tortura?
Fuente: Medios
