El Senado convirtió en ley la denominada Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca facilitar el ingreso al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero y modificar los mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El proyecto fue aprobado por 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones.
La sanción contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales, mientras que el bloque Justicialista votó en contra.
Uno de los principales cambios está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La nueva norma amplía las posibilidades de acceso al régimen y elimina los límites que dejaban afuera a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
La ley también modifica el criterio de “discrepancia significativa”, que determina cuándo ARCA puede cuestionar una declaración simplificada. El nuevo esquema establece un parámetro vinculado a las diferencias detectadas entre la información declarada por el contribuyente y los datos con los que cuenta el organismo fiscal.
La normativa establece además restricciones para funcionarios públicos en el acceso a los beneficios del régimen. Durante el debate, el senador peronista Fernando Salino propuso ampliar esa limitación a las denominadas personas políticamente expuestas y a determinados familiares, pero el planteo no fue incorporado al texto aprobado.
Desde el oficialismo, el senador libertario Bruno Olivera defendió el proyecto y sostuvo que la iniciativa busca modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes. “Este proyecto trata la confianza”, afirmó durante el debate. En tanto, desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó la iniciativa y sostuvo que la norma forma parte de un esquema de regularización de capitales. El bloque Justicialista votó en contra del proyecto.
La aprobación se produjo durante una sesión en la que el Senado también avanzó con otros temas, entre ellos el traspaso de competencias de la Justicia de Menores y determinadas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Medios
