La disputa por los terrenos de la Cooperativa 127 Hectáreas, en el sector de La Meseta de Neuquén, sumó un nuevo capítulo judicial. El Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, solicitó que una de las demandas civiles iniciadas por adherentes contra la cooperativa pase al fuero administrativo, debido a que en el expediente fueron incorporados como terceros la Municipalidad de Neuquén y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).
El planteo podría modificar el alcance de la discusión. Si la Justicia acepta el pedido, el expediente ya no se limitaría a analizar los presuntos incumplimientos contractuales y los reclamos por devolución de dinero, sino que también podría examinar la intervención de organismos públicos en el desarrollo del proyecto habitacional.
Desde la cooperativa sostienen que el emprendimiento fue planteado desde el comienzo como un proyecto conjunto con el Estado. El secretario de la entidad, Gustavo Aguirre, explicó que la organización aportaba las tierras mientras que el Municipio debía avanzar con obras vinculadas al desarrollo de servicios básicos, como luz y agua.
El planteo de Gaitán fue presentado el 26 de agosto y se encuadra en una excepción de incompetencia, de acuerdo con la Ley 1305 y el artículo 79 del Código Procesal Civil. La presentación no implica, según surge del expediente, un reconocimiento de responsabilidad estatal, sino una discusión respecto de qué fuero judicial debe intervenir en el conflicto.
La cooperativa sostiene que existieron distintos actos y acuerdos oficiales que evidencian la participación de organismos municipales. Entre ellos menciona convenios, anuncios públicos, reuniones, fotografías, firmas y actos institucionales vinculados al proyecto de urbanización.
Uno de los antecedentes se remonta a 2020, cuando se realizó una evaluación de factibilidad para la provisión de gas a través de Camuzzi. Posteriormente se concretó un primer acuerdo con el IMUH y la Subsecretaría de Comisiones Vecinales, mientras que en marzo de 2021 el Municipio comenzó a derivar expedientes de postulantes.
En octubre de 2021, una comunicación oficial informaba que había 1.387 expedientes y alrededor de un centenar de trámites pendientes. También se realizaron reuniones en distintos sectores de Neuquén para avanzar con la iniciativa.
Otro punto mencionado por la cooperativa es la ampliación del ejido urbano. En mayo de 2021, el Ejecutivo municipal impulsó la incorporación de nuevas tierras y, el 17 de junio, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la Declaración de Interés N.º 025/2021, con 15 votos favorables.
El 24 de septiembre de 2021 se firmó además un convenio entre la Municipalidad de Neuquén, el IMUH y la cooperativa para avanzar con la urbanización y adjudicación de lotes con servicios, previa incorporación de las tierras al ejido urbano. En sus comunicaciones institucionales, el IMUH señaló que esos terrenos “próximamente serán anexados al ejido municipal”.
Sin embargo, esa ampliación no avanzó de la manera esperada por la cooperativa. Según su versión, parte de las tierras quedó fuera del ejido y el proyecto perdió las condiciones necesarias para continuar con el esquema originalmente planteado. La entidad sostiene que desde la Legislatura provincial se consideró que el pedido no resultaba viable porque había sido presentado por una sola cooperativa.
En paralelo, el conflicto tiene una investigación penal. El juez Luciano Hermosilla formuló cargos por presunta estafa contra Jorge Salas y otros dos integrantes de la cooperativa. Se trata de un expediente complejo y la fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para avanzar en la investigación.
La fiscal Rocío Rivero sostiene que la cooperativa no era propietaria de las tierras que habría comercializado o cobrado y que parte de esos terrenos se encontraba fuera del ejido municipal. Desde la organización cuestionan esa interpretación y mantienen que el proyecto contó con intervención y respaldo de organismos estatales.
Otro aspecto del expediente está relacionado con los fondos de la cooperativa. Unos 400 millones de pesos permanecen depositados en una cuenta del Banco Credicoop, que fue congelada en el marco de la causa penal. Aguirre explicó: “La plata se bancalizaba automáticamente y está en una cuenta de alrededor de 400 millones de pesos, que pierden valor anualmente”.
En el ámbito civil también hubo novedades. En abril, la jueza María Eliana Reynals declaró la caducidad de instancia en una demanda presentada por 48 adherentes, debido a que habían transcurrido más de 200 días sin actividad procesal. La decisión no resolvió el fondo del reclamo y estableció las costas a cargo de los demandantes.
Desde la cooperativa estimaron que esas costas podrían representar entre 18 y 26 millones de pesos por cada demandante. Además, señalaron que fueron levantados otros embargos civiles, por montos de aproximadamente 165 millones y 415 millones de pesos, respectivamente.
Ahora, la cuestión central pasa por determinar si la demanda debe continuar en el fuero civil o si corresponde que sea analizada por la Justicia administrativa. La decisión estará en manos del juez que interviene en el expediente y, si el planteo no es aceptado, la discusión podría llegar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Mientras tanto, la causa penal continuará por separado. A cinco años de los primeros anuncios oficiales, el proyecto habitacional de La Meseta todavía no fue concretado y la situación mantiene abiertos distintos frentes civiles, administrativos y penales.
Fuente: Medios.
