El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaron en París el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, durante un evento realizado en la Embajada argentina en Francia en el marco de la Argentina Week París.
Según informó el Gobierno, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y establece dos alternativas para los solicitantes principales: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para este esquema.
El anuncio se realizó en la sede diplomática argentina, a cargo del embajador Ian Sielecki, durante una jornada destinada a promover inversiones en el país.
El programa también contempla la posibilidad de incluir al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, deberán realizar un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el monto establecido será de US$25.000.
De esta manera, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad podría acceder al esquema mediante aportes por un total de US$500.000.
Cómo será la evaluación de los solicitantes
Todos los fondos deberán ser canalizados a través del sistema financiero formal y estarán sujetos a controles vinculados con la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la transparencia financiera.
De acuerdo con el comunicado oficial, los recursos obtenidos estarán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera del país.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la participación de distintos organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
El proceso incluirá la verificación de identidad, el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el análisis del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.
Una vez finalizada la evaluación, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.
Fuente: Medios
