El Poder Judicial de Río Negro impulsa una serie de medidas para reducir los tiempos de respuesta de la Justicia y mejorar el funcionamiento de sus juzgados. La estrategia combina auditorías de gestión, seguimiento digital de los expedientes y nuevas herramientas tecnológicas destinadas a agilizar la tramitación de las causas.
El trabajo está a cargo de la Auditoría Judicial General, que evalúa el desempeño de los organismos de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia. El objetivo es identificar posibles demoras, verificar el cumplimiento de los plazos procesales y detectar dificultades que puedan afectar el desarrollo de los expedientes.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) avanza en la implementación de inteligencia artificial para simplificar procedimientos, reducir errores y asistir a jueces y equipos judiciales en tareas repetitivas.
El auditor judicial general, Juan Manuel Montoto Guerrero, explicó que las revisiones alcanzan desde las unidades jurisdiccionales hasta las cámaras de apelaciones. Las inspecciones se organizan mediante un cronograma que contempla a toda la provincia, aunque también pueden responder a requerimientos específicos del STJ o de la Procuración General.
El seguimiento incluye al fuero civil y a las Oficinas de Tramitación Integral Civil, Comercial y Administrativa (OTICCA), cuyo funcionamiento tiene incidencia directa en los tiempos de resolución de los procesos.
Según explicó Montoto Guerrero, para evaluar el desempeño de un organismo no alcanza con observar las decisiones judiciales. También es necesario analizar las tareas administrativas que intervienen en la tramitación de los expedientes, ya que las demoras pueden originarse en distintas etapas del procedimiento.
Qué aspectos evalúan las auditorías judiciales en Río Negro
La Auditoría Judicial General utiliza distintos indicadores para determinar si un organismo necesita una revisión más profunda. Los criterios contemplan las características de cada fuero y las particularidades de las circunscripciones judiciales.
Entre los principales aspectos que se analizan figuran las sentencias pendientes de dictado, el tiempo que demandan los procesos y el cumplimiento de los plazos establecidos para resolver.
También se examinan los pedidos de pronto despacho, las solicitudes reiteradas para que los expedientes pasen a resolución y los escritos que permanecen pendientes de proveer. En estos últimos casos, se considera especialmente cuánto tiempo llevan sin recibir una respuesta.
En situaciones de mayor complejidad, el relevamiento puede incluir pedidos vinculados con la denominada pérdida de jurisdicción, cuando corresponde evaluar si se han excedido los plazos previstos para intervenir en una causa.
Montoto Guerrero señaló que estos parámetros permiten determinar cuándo resulta necesario realizar una auditoría o una visita de seguimiento.
“Hay ciertos parámetros que funcionan como indicadores de gestión para la toma de decisión de la necesidad de una auditoría o visita”, explicó el funcionario. Entre los factores que mencionó se encuentran la prolongación de los procesos y la cantidad de escritos pendientes, junto con el tiempo que llevan en esa condición.
El análisis de estos datos permite identificar dificultades y orientar las intervenciones hacia los organismos que presentan indicadores que requieren atención.
Cómo se realiza el seguimiento de los expedientes en tiempo real
El control de la gestión judicial también se apoya en herramientas digitales que permiten acceder a información actualizada sobre el funcionamiento de los tribunales.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Ricardo Apcarian, explicó que los equipos de auditoría cuentan con acceso en línea a los expedientes y a tableros de datos. Estas herramientas facilitan el seguimiento de la actividad judicial y permiten observar el estado de los procesos sin depender exclusivamente de inspecciones presenciales.
Ricardo Apcarian, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La información recopilada ayuda a detectar demoras, identificar etapas problemáticas y evaluar si es necesario introducir cambios en la organización del trabajo.
A partir de los resultados, los auditores pueden mantener reuniones con jueces y coordinadores, formular recomendaciones y proponer medidas para mejorar la gestión de los organismos.
Apcarian destacó que la función de las auditorías es acompañar a los equipos judiciales en la búsqueda de soluciones. En ese sentido, sostuvo que el trabajo de control debe estar orientado a contribuir con una administración más eficiente de la Justicia.
Las inspecciones pueden realizarse de manera presencial o remota y forman parte de una planificación que abarca las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro. También pueden ponerse en marcha ante solicitudes puntuales de las autoridades del STJ o de la Procuración General.
Si bien algunas situaciones pueden derivar en actuaciones por la vía disciplinaria, la finalidad general del sistema de auditorías es detectar problemas de manera preventiva y promover cambios antes de que las dificultades se profundicen.
La Auditoría Judicial General no establece un porcentaje único de mejora para todos los organismos. La meta es favorecer una mayor celeridad en los procesos y reducir los plazos de manera razonable, de acuerdo con las características de cada área.
Inteligencia artificial en la Justicia: qué tareas busca agilizar el STJ
La incorporación de inteligencia artificial es otro de los ejes de la estrategia del Poder Judicial de Río Negro. El objetivo es automatizar procedimientos rutinarios para acelerar la tramitación de determinadas causas y liberar tiempo de trabajo para las tareas que requieren una evaluación jurídica más compleja.
Una de las experiencias ya funciona en las ejecuciones fiscales del fuero Contencioso Administrativo. Durante 2025, se dictaron 3.063 sentencias con asistencia de inteligencia artificial, una cifra que representó el 67,78% de las resoluciones de finalización emitidas en ese ámbito.
A partir de esa experiencia, el STJ proyecta extender el uso de estas herramientas a procesos ejecutivos civiles relacionados con cheques, pagarés y contratos de consumo.
Según explicó Ricardo Apcarian, el sistema podrá revisar si la documentación presentada cumple con los requisitos correspondientes, contrastar esos datos con la demanda y elaborar una propuesta de sentencia cuando la información resulte consistente.
La decisión final continuará bajo la responsabilidad del juez, que deberá supervisar el procedimiento y resolver cada caso.
El presidente del STJ señaló que numerosas operaciones judiciales requieren controles y cálculos repetitivos que pueden realizarse mediante sistemas automatizados. La utilización de inteligencia artificial busca reducir la carga de estas tareas y minimizar posibles errores.
La intención es que jueces y equipos de trabajo puedan dedicar más tiempo a los aspectos de los expedientes que demandan interpretación normativa, análisis de pruebas y decisiones que no pueden resolverse mediante una simple verificación de datos.
La estrategia de modernización no se limita al uso de inteligencia artificial en determinados procesos. El STJ también prevé migrar la infraestructura informática del Poder Judicial hacia servicios en la nube.
Además, Apcarian anticipó la intención de incorporar durante 2027 un asistente de inteligencia artificial integrado a los sistemas judiciales Puma y Janus.
Entre las funciones que se proyectan se encuentran la elaboración de resúmenes de expedientes, la revisión de las distintas etapas procesales y la preparación de providencias, con el propósito de facilitar el trabajo cotidiano de los operadores judiciales.
Estas herramientas se incorporarían como apoyo para la gestión y no como reemplazo de la intervención de los funcionarios responsables de cada decisión.
Con las auditorías, el monitoreo digital y la incorporación progresiva de nuevas tecnologías, el Poder Judicial de Río Negro busca mejorar la organización de sus organismos y reducir los tiempos de tramitación.
El desafío será traducir estas herramientas en resultados concretos para quienes recurren a la Justicia: procesos más ágiles, menos demoras y un servicio capaz de responder de manera más eficiente a las demandas de la sociedad.
Fuente: Medios
