La jueza federal de Nueva York Loretta Preska cerró formalmente el expediente por la expropiación de YPF en primera instancia y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina. Con esta resolución, la disputa judicial entra en una nueva etapa, con la atención puesta en la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá determinar si acepta el recurso presentado por el fondo Burford Capital para intentar revertir el fallo favorable al país.
La decisión de Preska se produjo después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocara, el 27 de marzo, la condena contra el Estado argentino. La medida formaliza el cierre de la causa en el tribunal inferior, aunque no implica necesariamente el final del litigio, ya que el máximo tribunal estadounidense todavía puede intervenir si acepta revisar la resolución.
El abogado Sebastián Soler explicó en la red social X los alcances de la orden judicial. «Acatando el fallo a favor de Argentina de la Court of Appeals de NY, la jueza Preska ORDENA, JUZGA y DECRETA que su sentencia a favor de los demandantes de 2015 queda sin efecto», publicó.
Según Soler, la resolución da por terminado el expediente en Nueva York y desestima el último intento de los demandantes de postergar el cierre del proceso en esa instancia. Sin embargo, aclaró que el resultado podría modificarse si la Corte Suprema decide revocar el fallo de la Cámara de Apelaciones.
En la misma línea, el periodista especializado Sebastián Maril advirtió que el cierre no representa un punto final definitivo. Señaló que la propia Preska contempló la posibilidad de que el máximo tribunal estadounidense revierta la decisión y que, en ese escenario, volvería a escuchar los reclamos de los demandantes para obtener una compensación.
Fuentes de la Procuración General explicaron a Infobae que se trata de «la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones». Además, indicaron que existía cierta demora en la emisión del documento que formalizó el cierre.
El fallo que favoreció a la Argentina
La orden de Preska responde a la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que el 27 de marzo falló a favor de la Argentina. En aquella oportunidad, los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron por revocar la condena, mientras que el magistrado José Cabranes presentó una disidencia.
Los integrantes del tribunal de alzada consideraron que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al dictar su sentencia original. En 2023, la jueza había condenado al país a pagar más de US$ 16.100 millones, una cifra que, con los intereses, llegó a superar los US$ 18.000 millones.
En mayo, la Cámara determinó que la ley argentina de expropiación no habilitaba las demandas de terceros en los términos planteados por los demandantes. También sostuvo que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que permita, por sí mismo, fundamentar reclamos por daños.
En junio, el plenario del Segundo Circuito rechazó el pedido de Burford Capital para que se revisara la decisión. Desde la Procuración General señalaron que el equipo jurídico argentino ya contemplaba este escenario y continúa trabajando en la defensa del Estado. «Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado», afirmaron ante el medio citado.
El recurso de Burford y la posibilidad de una revisión
Tras el cierre de la instancia inferior, el próximo paso depende de la Corte Suprema de Estados Unidos. A principios de octubre, los demandantes presentaron un recurso de certiorari para solicitar que el máximo tribunal revise el fallo de la Cámara de Apelaciones.
En el escrito, calificaron la decisión como «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes», según informó la agencia Bloomberg. Burford Capital sostiene que el tribunal de alzada se apartó de precedentes de la Corte Suprema al priorizar una interpretación del derecho argentino y decisiones de los tribunales locales.
No obstante, la presentación del recurso no obliga a los jueces a tratar el caso. Fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por período de sesiones y acepta revisar alrededor de 80 causas. Tampoco existe un plazo establecido para resolver este tipo de pedidos, por lo que no hay una fecha precisa para conocer si el litigio tendrá una nueva instancia.
El origen del litigio por la expropiación de YPF
La disputa comenzó tras la expropiación de YPF, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora —vinculados a la familia Eskenazi— y Eton Park demandaron a la Argentina al sostener que el Estado había vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios al no respetar el estatuto de la compañía.
Burford Capital intervino en el litigio en representación de las sociedades Petersen y, además de la disputa en los tribunales estadounidenses, abrió otro frente judicial ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
De esta manera, aunque Preska formalizó el cierre del expediente en primera instancia, el futuro del reclamo en Estados Unidos dependerá de si la Corte Suprema acepta intervenir y, eventualmente, modifica el fallo que favoreció a la Argentina.
Fuente: Medios
