La Cámara de Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras Rurales y giró al Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno. El capítulo que anula la derogación de la norma establecida por el DNU 70/2023 reunió 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones, en una votación que contó con el respaldo de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y bloques provinciales.
La aprobación en general, sin embargo, fue mucho más ajustada: el proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Estas últimas correspondieron a cinco diputados cordobeses y a Álvaro González, del PRO. Si se hubieran sumado a los rechazos, la iniciativa habría quedado sin los votos necesarios para avanzar.
Con la modificación, el Gobierno busca restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, después de haber intentado derogar la legislación mediante el decreto de desregulación económica. Ahora, el Senado deberá decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con su versión original con una mayoría de dos tercios.
Qué cambia con la restitución de la Ley de Tierras
El proyecto incorpora la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras Rurales, y restablece las restricciones a la extranjerización de tierras.
Entre los límites que volverían a regir se encuentran el máximo del 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país y las restricciones vinculadas con espejos de agua y zonas de frontera.
La decisión representa un giro en la estrategia oficial. Después de que la oposición en el Senado eliminara del proyecto original los artículos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras, el oficialismo incorporó la restitución de esta última durante el tratamiento en Diputados.
El resto de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada contempla cambios en la Ley de Expropiaciones para restringir las facultades estatales de declarar la utilidad pública de inmuebles y modificaciones en los procedimientos de desalojo, con el objetivo de acelerar la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
Los votos en contra y las abstenciones
Los únicos cuatro diputados que rechazaron el capítulo de restitución de la Ley de Tierras fueron Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, de Tucumán; Karina Maureira, de Neuquén; y Pablo Outes, de Salta.
Se abstuvieron los diputados de izquierda Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Juan Carlos Giordano, junto con Romina Del Plá; Mónica Frade, de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano, del bloque Coherencia.
La votación mostró un amplio consenso en torno a la recuperación de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, pese a las diferencias que dividieron a los bloques durante la discusión general del proyecto.
Los argumentos del oficialismo y la oposición
El miembro informante del dictamen oficialista, Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa al sostener que el Gobierno busca reforzar el derecho de propiedad. “Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas”, afirmó el presidente de la comisión de Legislación General.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano cuestionó el cambio de postura del oficialismo y señaló que la restitución implica volver a la legislación aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2011.
El diputado recordó que la norma había surgido en un contexto de preocupación por la adquisición de grandes extensiones de tierra y criticó la interpretación del derecho de propiedad que, a su entender, sostiene el Gobierno.
“Ni los romanos plantean la propiedad privada de manera absoluta como ustedes, que se basan en el Código napoleónico”, expresó Giuliano. También planteó que la Constitución debe interpretarse junto con los tratados internacionales y el interés social.
“A la Constitución hay que leerla completa, integralmente, no con un ojo tapado. Dice que la propiedad es inviolable pero también incorpora el Pacto de San José de Costa Rica que dice que la ley debe subordinarse al interés social”, agregó.
Por su parte, Martín Lousteau, de Provincias Unidas, cuestionó el cambio de posición del oficialismo y lo vinculó con el programa de ciudadanía por inversión. “Este reculado en chancletas no sirve porque ahora uno puede adquirir ciudadanía argentina pagando 350 mil dólares”, sostuvo.
Luego, planteó un escenario hipotético para cuestionar esa posibilidad: “Mañana el Príncipe Harry, cuando recuperemos las Malvinas, se compra la ciudadanía argentina y se compra las Islas”, afirmó.
La jefa del bloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también criticó el programa de ciudadanía por inversión y lo calificó como “un engaño para entregar soberanía”.
Las críticas por el cambio de postura de Milei
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que La Libertad Avanza tuvo que modificar su posición frente a la resistencia política, judicial y social a la derogación de la Ley de Tierras.
Al cuestionar el artículo del DNU 70/2023, afirmó que el oficialismo había intentado eliminar la legislación junto con la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares y la Ley de Manejo del Fuego, pero no pudo avanzar por los cuestionamientos institucionales y la presión social.
En la misma línea, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, cuestionó que el Gobierno proponga ahora derogar el artículo 154 del decreto para restablecer la ley que había buscado eliminar en dos oportunidades.
“Hay un efecto lavarropa en el Gobierno. Javier Milei tiene en su escritorio la foto de Margaret Thatcher, pero un rayo milagroso lo convenció de defender Malvinas”, ironizó. También señaló que el oficialismo incorporó la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023 al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Lucía Cámpora, de Unión por la Patria, rechazó la iniciativa al advertir que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones podrían limitar la capacidad del Estado para recuperar empresas estratégicas.
“Modificar la ley de expropiaciones para blindar las privatizaciones”, cuestionó la legisladora, quien sostuvo que, de haber regido esas restricciones, la recuperación de YPF no habría sido posible. Además, vinculó la estatización de la petrolera con el desarrollo energético de Vaca Muerta.
Cámpora también cuestionó el respaldo legislativo que recibió el Gobierno en otras iniciativas y enumeró la reforma laboral, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la Ley Bases, la Ley de Glaciares y la Ley de Inocencia Fiscal.
En contraste, la presidenta del bloque de la UCR, Pamela Verasay, ratificó su apoyo a los proyectos incluidos en la sesión y llamó a superar la polarización política.
“En la Argentina de los extremos parece que solo hay dos lugares posibles: el aplauso incondicional o el rechazo permanente. Nosotros creemos que hay otro lugar, el más difícil y también el más necesario: el de quien entiende que un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero que esas herramientas tienen que estar bien construidas”, afirmó.
Con la aprobación en Diputados, la restitución de la Ley de Tierras quedó incorporada al proyecto que deberá revisar el Senado, en una nueva instancia legislativa que definirá si se mantienen los límites a la adquisición de campos por capitales extranjeros.
Fuente: Medios
