El Gobierno de Río Negro prevé publicar la próxima semana el decreto que establecerá límites a los descuentos salariales y condiciones para renegociar las deudas de los empleados públicos. Antes de su entrada en vigencia, UPCN presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Hacienda para pedir precisiones, cuestionar distintos puntos de la propuesta y exigir que los sindicatos y las mutuales tengan prioridad frente a las entidades financieras.
La medida busca regular las retenciones que se aplican sobre los haberes de los trabajadores estatales por cuotas sindicales, compras, préstamos y otros compromisos. En ese esquema, UPCN integra, junto con otros gremios, mutuales y financieras, el grupo de 14 entidades habilitadas para realizar descuentos salariales.
El sindicato, conducido por Juan Carlos Scalesi, advirtió que la iniciativa tendrá un impacto directo en los ingresos de una parte importante del personal provincial y cuestionó que se avance sin participación de las organizaciones gremiales.
“Es inaceptable que se defina sin participación sindical una medida que impacta sobre los haberes de un tercio del personal provincial”, sostuvo UPCN en una presentación dirigida al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez.
Aunque el decreto todavía no fue formalizado, trascendieron algunos lineamientos del programa. Entre ellos, la posibilidad de establecer un tope para las retenciones de entre el 30% y el 50% de los haberes, además de convocar a las entidades acreedoras para acordar pautas generales de renegociación de montos y plazos.
Los puntos que UPCN cuestiona del plan
Uno de los principales planteos del gremio se refiere al porcentaje máximo de descuento salarial. Los borradores contemplan distintas alternativas, desde un límite fijo del 30% o el 33% hasta uno del 50%, con una reducción progresiva. Frente a esas opciones, UPCN solicitó que se informe cuál será el tope definitivo, sobre qué base se calculará (salario bruto, neto o neto de descuentos legales) y qué códigos de retención quedarán alcanzados.
La organización también expresó su rechazo a un límite flexible o a reducciones progresivas que no contemplen garantías suficientes para los trabajadores.
En paralelo, pidió precisiones sobre el cronograma de aplicación, ya que el Gobierno proyectaba implementar el esquema con los haberes de noviembre, y consultó qué sucederá con los descuentos vigentes que superen el máximo permitido.
Otro eje central del reclamo es la prioridad de los sindicatos y las mutuales cuando sea necesario suspender retenciones para adecuarse al límite establecido. UPCN pidió que se explique qué obligaciones dejarán de descontarse en esos casos y advirtió que no deberían resultar perjudicadas las entidades que “brindan servicios solidarios a sus afiliados”, mientras permanecen “intactos los compromisos con los grandes acreedores financieros”.
Renegociación de deudas y alcance sobre los bancos
El plan provincial contempla reuniones con las entidades acreedoras para establecer condiciones generales de renegociación de las deudas de los empleados públicos. Sobre ese punto, UPCN reclamó garantías de que los acuerdos serán voluntarios e individuales, sin presiones sobre los trabajadores ni pérdida de servicios para quienes decidan no adherir.
El gremio también pidió aclaraciones sobre el tratamiento de las deudas bancarias, en particular las vinculadas con el Banco Patagonia, agente financiero de la Provincia. La organización advirtió que, si esas obligaciones quedan excluidas de los topes, los pagos podrían trasladarse a “débitos bancarios directos, sin tope ni control y con mayores costos” para los trabajadores.
Además, Hacienda prevé implementar un centro de autorización de nuevos endeudamientos, mediante el cual se controlarán los compromisos financieros que asuman los agentes estatales. UPCN solicitó información sobre su funcionamiento, los plazos de implementación, las tasas y condiciones admitidas y la posible participación de los sindicatos en los mecanismos de control.
UPCN pidió una reunión urgente antes de la firma
En su presentación, la organización reclamó una respuesta formal del Ministerio de Hacienda y solicitó una reunión urgente con las entidades sindicales antes de la firma del decreto. El objetivo es conocer los alcances definitivos de la iniciativa y plantear modificaciones antes de que comience a aplicarse.
Por último, UPCN advirtió que, si no obtiene respuestas a sus planteos, se “reserva el derecho de impulsar medidas administrativas, institucionales y judiciales” para defender los intereses de los trabajadores que representa.
Fuente: Medios.
