La Fiscalía continuó este lunes con la exposición de las presuntas maniobras de lavado de dinero en el juicio Hotesur-Los Sauces, en el que están acusados la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner. Durante la audiencia ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, el fiscal Diego Velasco detalló cómo empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían canalizado fondos provenientes de la obra pública hacia las sociedades inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner.
La jornada se concentró en la causa Los Sauces y en el recorrido que habrían seguido los fondos a través de distintas compañías. La acusación sostuvo que parte del dinero obtenido mediante contratos de obra pública en Santa Cruz se habría destinado a financiar la actividad inmobiliaria de la familia de los expresidentes.
Uno de los casos expuestos fue el de la constructora Loscalzo y Del Curto, que recibió contratos de obra pública en Santa Cruz y, según la Fiscalía, transfirió dinero a Los Sauces entre enero de 2009 y diciembre de 2014.
De acuerdo con la acusación, la empresa inyectó fondos en la inmobiliaria familiar por medio del alquiler de cuatro departamentos en Río Gallegos, construidos por la propia constructora y alquilados a un precio superior al costo de edificación.
En total, Los Sauces le facturó a Loscalzo y Del Curto $1.691.580. La operación incluyó más de 40 cheques emitidos por la compañía, algunos firmados por los hijos de Lázaro Báez y cobrados por Máximo Kirchner.
“De esta forma, una porción de lo que era defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública sería canalizado a la firma”, sostuvo la parte acusadora.
El fiscal consideró que los contratos de alquiler habrían servido para justificar el movimiento de fondos: “Es posible afirmar que el contrato no fue más que una mise en scene a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces, y que además es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente”.
El papel de Austral Construcciones en la ruta del dinero
Después de que finalizara la relación comercial con Loscalzo y Del Curto en 2014, la Fiscalía ubicó a Austral Construcciones como la principal vía de transferencia de fondos hacia Los Sauces durante 2015.
La empresa de Lázaro Báez fue señalada como la mayor contratista de obra pública vial de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según el requerimiento fiscal, entre 2003 y 2015 recibió $6.698.062.565,08 del Tesoro Nacional por obras viales que la acusación considera irregularmente asignadas.
Durante los diez meses en los que mantuvo el vínculo comercial con la inmobiliaria, Austral Construcciones transfirió $323.915,79 a Los Sauces. Para la Fiscalía, esos movimientos formaron parte de un mecanismo destinado a canalizar dinero proveniente de la obra pública y aumentar el patrimonio de la familia presidencial.
“Participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio”, señala la acusación.
En octubre de 2015, durante las elecciones que terminaron con una derrota del peronismo, Los Sauces decidió finalizar la relación comercial. A partir de entonces, la inmobiliaria comenzó a alquilar sus propiedades a personas físicas sin vínculos con los empresarios investigados, con el objetivo —según la hipótesis fiscal— de incorporar ingresos lícitos que se mezclaran con los fondos de origen ilegal.
La acusación también señaló diferencias entre ambos esquemas de alquiler. Los nuevos contratos exigían garantías que no se habían solicitado a las empresas vinculadas con Báez y generaban una rentabilidad promedio un 41% inferior a la que se habría obtenido con Austral Construcciones. Para los fiscales, esa diferencia podría evidenciar los sobreprecios de la maniobra investigada.
Valle Mitre, señalada como una empresa pantalla
Otro de los ejes de la exposición fue el funcionamiento de Valle Mitre, una firma que, según la Fiscalía, habría servido como intermediaria para recibir y administrar fondos de las empresas del grupo Báez y canalizarlos hacia los hoteles de la familia Kirchner.
La acusación le atribuyó la función de operar como una empresa pantalla mediante contrataciones por servicios que consideró simulados, con el propósito de capitalizar la sociedad y sostener la actividad hotelera.
“Su misión fue operar como nexo entre las empresas del grupo económico y los hoteles de la familia Kirchner”, sostiene el requerimiento fiscal.
Aunque Valle Mitre había sido creada en 2004, comenzó a desarrollar actividades recién en 2007, cuando asumió la administración de un restaurante. Ese mismo año, pese a su falta de experiencia en el sector, pasó a gestionar tres establecimientos vinculados con la familia Kirchner: la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate, perteneciente a HOTESUR, y el Hotel La Aldea del Chaltén.
La Fiscalía también señaló que la composición societaria de Valle Mitre reproducía la estructura del órgano de administración de HOTESUR, la firma propietaria del Hotel Alto Calafate.
En el caso de La Aldea del Chaltén, la empresa de Báez giró $2.836.724 a Los Sauces entre 2009 y 2013. Según la acusación, esos fondos permitieron recuperar el valor total de compra del hotel en apenas cinco meses de concesión y superaron en más de 13 veces el precio que había pagado la familia Kirchner por el establecimiento.
Finalmente, el requerimiento fiscal describió el deterioro de Valle Mitre después de que dejara de administrar los hoteles. La empresa quedó sin actividad, sin libros societarios y sin presentaciones ante el fisco, un desenlace que la acusación incorporó a su reconstrucción del presunto circuito de lavado.
Fuente: Medios
