El Senado se prepara para darle sanción definitiva al proyecto de Ley de Discapacidad durante una sesión convocada para este jueves, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de distintos sectores políticos. La propuesta mantiene los principales beneficios de la emergencia vigente, que vence en diciembre, pero busca establecerlos como un régimen permanente.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el tratamiento de la norma, que ya obtuvo dictamen de comisión con el acompañamiento de los bloques aliados y del peronismo.

El temario de la anteúltima sesión del año se definirá este miércoles a las 15, durante una reunión de Labor Parlamentaria, según informaron fuentes legislativas a medios.
Además del proyecto sobre discapacidad, podrían incorporarse la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la denominada Ley Joaquín, ambas aprobadas previamente por la Cámara de Diputados.
La agenda legislativa también será analizada en una reunión de la mesa política del oficialismo, prevista para el martes por la mañana. El objetivo será consensuar los temas que el Gobierno buscará impulsar durante las últimas dos semanas del período ordinario.

Reforma electoral y Presupuesto 2027
El martes a las 15 se debatirá en el Senado el proyecto de reforma electoral que tiene como eje la suspensión de las PASO. El oficialismo buscará conseguir un dictamen de comisión para avanzar con su tratamiento.
En paralelo, el Gobierno espera que la comisión de Presupuesto firme el dictamen correspondiente al Presupuesto 2027 también durante esa jornada, para que pueda discutirse en la sesión del 25 de noviembre.
El respaldo de Bullrich al proyecto de Discapacidad
La decisión de avanzar con la sanción de la ley fue anticipada por Bullrich la semana pasada, pese a que el Gobierno prefería demorar su aprobación e incluso había realizado gestiones ante la senadora para introducir modificaciones al texto aprobado por Diputados.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, había expresado la legisladora.

También sostuvo en la red social X: “Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
El tema de la discapacidad también estuvo presente durante la visita del papa León XIV a la Argentina. En ese marco, el Pontífice recorrió el Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

Qué establece el proyecto aprobado en Diputados
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, reproduce prácticamente el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esa manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público.
Entre sus principales medidas, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, mantiene el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. También garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, el texto dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
La propuesta también crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El mecanismo deberá respetar el principio del debido proceso inclusivo.

Por último, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Fuente: Medios










